En el marco del seminario ‘Dos años de política energética: ¿cómo vamos y qué falta?’, el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE) y el Centro de Estudios Económicos (ANIF) realizaron un detallado análisis de la situación actual del sector energético en Colombia. A dos años del inicio del gobierno de Gustavo Petro, las instituciones lanzaron propuestas con el fin de asegurar una transición energética ordenada que beneficie tanto a los consumidores como al país en general.
El Gas y el Riesgo de una Brecha Significativa
Uno de los principales puntos de alerta emitidos por el CREE es la posible brecha en el suministro de gas en los próximos años, que podría llegar a representar hasta un tercio del consumo total.
Según Tomás González, director del CREE, “El gas no se ha acabado, lo que se está acabando es el gas barato”. González explicó que el país se enfrenta a cuatro alternativas: la producción offshore, la importación de LNG (gas natural licuado), la importación
de gas desde Venezuela, o la explotación de reservas contingentes no convencionales. Sin embargo, advirtió que cualquiera de estas opciones podría llevar a un aumento en las facturas de gas para los consumidores de hasta un 30%.
Además, el CREE presentó cinco acciones clave para mejorar el proceso de transición energética: el desarrollo de Programas de Interés Nacional Estratégico (PINES) enfocados en energía, una reforma fiscal energética que contemple la sustitución de ingresos y la eliminación de subsidios fósiles, el fortalecimiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la convocatoria de un diálogo sectorial para una evaluación realista y la actualización del plan de adaptación sectorial.
Impacto Macroeconómico de una Transición Rápida
Por su parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, se refirió a las implicaciones macroeconómicas de una transición energética apresurada en Colombia.
Según López, “el sector de hidrocarburos representa el 18% del recaudo total por impuesto a la renta a personas jurídicas, y sus regalías constituyen el 1% del PIB anual”. López subrayó que eliminar de golpe la producción de hidrocarburos tendría un impacto devastador en la economía colombiana.
Compensar la pérdida de estos ingresos fiscales requeriría, por ejemplo, aumentar el IVA del 19% al 25%, o quintuplicar el turismo para atraer a 27,4 millones de visitantes, cada uno gastando alrededor de US$1.472.
López concluyó que, si bien la transición energética es una oportunidad crucial para Colombia, debe llevarse a cabo de manera gradual para no poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país.
Diálogo Intersectorial y Rol del Estado
Durante el seminario, se desarrollaron dos paneles claves. En el primero, titulado ‘Sectores productivos claves para la Transición Energética’, participaron Alexandra Hernández (presidenta de SER Colombia), Edwin Cruz (vicepresidente de Andeg), Juan Ricardo Ortega (presidente del Grupo Energía de Bogotá), María Fernanda Ortiz (gerente general de Transmilenio), Orlando Cabrales (CEO de Frontera Energy) y Wilson Chinchilla (vicepresidente de distribución en Promigas). Los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer a la CREG para garantizar una regulación eficiente y en promover un diálogo intersectorial enfocado en cumplir los objetivos energéticos.
En el segundo panel, denominado ‘Actores estatales claves para la Transición Energética’, Alejandro Linares (exmagistrado de la Corte Constitucional), Amaury Padilla (Programa de Desarrollo y Paz del Cesar), Carlos Abraham Jiménez (senador), Inti Raúl Asprilla (senador) y María Fernanda Suárez (presidenta del Banco Popular), discutieron el papel del Estado, las regiones y las empresas en la transición energética. Subrayaron la importancia de la colaboración entre empresas, comunidades y el gobierno para cerrar brechas sociales y garantizar que la transición energética brinde oportunidades a todos los colombianos.
Conclusión
El balance presentado por ANIF y CREE pone de manifiesto los retos y oportunidades que enfrenta Colombia en su camino hacia una transición energética. Si bien el proceso es crucial para el futuro del país, debe realizarse de manera ordenada y con un enfoque en la sostenibilidad fiscal y social, asegurando que todos los actores involucrados trabajen de manera conjunta para lograr los mejores resultados para el país y sus ciudadanos.