En el núcleo de las empresas estatales yace un dilema crucial: ¿quién ejerce el verdadero control en estas organizaciones? ¿Es el Estado como propietario o el ejecutivo de turno quien toma las riendas? Este cuestionamiento cobra vida en casos emblemáticos como los de EPM y Ecopetrol, donde las decisiones del gobierno de turno han desafiado el principio fundamental del gobierno corporativo. Sin embargo, existen ejemplos en otros países donde el poder ejecutivo no ejerce un control tan directo sobre las empresas estatales, lo que arroja luz sobre posibles modelos alternativos.
EPM y Ecopetrol, dos pilares empresariales en Colombia, han enfrentado desafíos significativos en su gobernanza corporativa. Bajo la intervención inadecuada del exalcalde Daniel Quintero y del Presidente de la República, respectivamente, ambos casos han generado debates sobre la participación del ejecutivo. En ambas organizaciones, el «Ejecutivo» se convierte en el representante de la propiedad, el gobierno y la dirección, al mismo tiempo que ejerce un poder absoluto en contravención de las buenas prácticas.
En el escenario legal, el marco jurídico que rige las empresas estatales presenta luces y sombras. Aunque existen disposiciones legales que establecen la separación de poderes entre el Estado como propietario y el gobierno de turno, la realidad a menudo difiere de la teoría. Por ejemplo, el «Código de Propiedad», una iniciativa del Ministerio de Hacienda de Colombia, busca establecer directrices claras para fortalecer el gobierno corporativo en las empresas estatales. Sin embargo, su efectividad se ve empañada por la debilidad de los mecanismos de supervisión y aplicación, dejando un vacío entre las buenas intenciones y la implementación práctica. En la práctica, el modelo de los gestores de propiedad está viciado desde el inicio, ya que son meros mandaderos de la dirección general de participantes estatales del ministerio.
El gobierno corporativo en las empresas se sustenta en tres pilares fundamentales: la asamblea general de accionistas, la junta directiva y la gerencia. Cada uno de estos órganos desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y la supervisión de la empresa, y su independencia es esencial para garantizar un gobierno corporativo sólido y transparente. La asamblea general de accionistas representa la máxima autoridad de la empresa y toma decisiones clave, como la elección de la junta directiva y la aprobación de aspectos clave como fusiones, adquisiciones, venta de la empresa, estatutos, etc. Es fundamental que la asamblea cuente con una representación amplia de los accionistas y que se promueva la participación activa de todos los interesados. La junta directiva, por su parte, actúa como el órgano de gobierno principal y supervisa las actividades de la gerencia en nombre de los accionistas. Es crucial que la junta esté compuesta por una mayoría de miembros independientes, cuyo único interés sea el bienestar de la empresa, sus accionistas y demás stakeholders. Los comités especializados de la junta, como el de remuneración y evaluación, y el de auditoría, ayudan a garantizar la imparcialidad y la transparencia en la toma de decisiones. Por último, la gerencia es responsable de la ejecución de las políticas y estrategias definidas por la junta directiva y de la gestión diaria de la empresa. Es importante que la gerencia sea independiente de la junta directiva y de los propietarios, y que cuente con el apoyo de un equipo directivo profesional y competente. En resumen, la separación clara de roles y responsabilidades entre la asamblea general de accionistas, la junta directiva y la gerencia es esencial para garantizar un gobierno corporativo efectivo y transparente en las empresas y también las estatales. El problema de las empresas Estatales, es precisamente que los propietarios no están presentes, y lo peor que el ejecutivo es supuestamente quien representa a todos los accionistas, lo cual no es cierto, y se hace pasar por el “ único propietario”, domina las juntas directivas y por si fuera poco colocan la gerencia y altos cargos directivos, en pocas palabras toman esas empresas como si fueran su propia caja menor. Mientras que en Colombia el poder ejecutivo tiende a ejercer un control más directo sobre las empresas estatales, en otros países existen modelos alternativos donde el gobierno corporativo se organiza de manera diferente. Por ejemplo, en países como Noruega y Singapur, las empresas estatales suelen tener una mayor autonomía y se rigen por principios de transparencia y rendición de cuentas más estrictos. En Noruega, empresas estatales como Equinor (https://www.equinor.com/sustainability/governance-and-transparency), operan con un alto grado de autonomía y están sujetas a estrictos controles y supervisión por parte de entidades independientes. El gobierno noruego establece directrices claras pero permite que la gestión empresarial sea conducida por profesionales expertos en la industria correspondiente. Singapur, por su parte, es conocida por su eficiente gestión de empresas estatales como Singapore Airlines (https://www.singaporeair.com/en_UK/sg/about-us/corporate-governance-policies). Estas empresas operan como entidades comerciales independientes y están sujetas a una estricta supervisión por parte de las juntas directivas profesionales. Estos ejemplos demuestran que es posible establecer modelos de gobierno corporativo en empresas estatales que promuevan la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, al tiempo que garantizan la autonomía operativa y la profesionalidad en la gestión. Adoptar mejores prácticas internacionales podría ofrecer perspectivas valiosas para mejorar el gobierno corporativo en las empresas del Estado en Colombia y en otros lugares del mundo.
En conclusión, el gobierno corporativo en empresas del Estado es un terreno minado por tensiones inherentes entre el poder político y la responsabilidad empresarial. En muchos países, el ejecutivo asume el rol principal en la representación del Estado en las empresas estatales, lo que implica influir en la designación de la junta directiva y en la toma de decisiones estratégicas. Esta dinámica varía ampliamente y puede resultar en diferentes grados de intervención gubernamental, desde una supervisión prudente hasta una influencia excesiva que conlleva riesgos de conflictos de interés y falta de transparencia. Para avanzar hacia un nuevo paradigma de gobierno corporativo en las empresas estatales, es esencial fortalecer los mecanismos de supervisión y aplicación del marco jurídico existente. Esto implica promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la gestión empresarial, donde los intereses del Estado, los accionistas y la sociedad en general estén debidamente protegidos y considerados. Una posible solución radica en que el Estado sea representado por el Congreso de la República a nivel nacional y por los concejos de las ciudades en el ámbito local, a manera de propietarios. Una segunda son empresas mixtas donde verdaderamente se realicen las asambleas. Sería responsabilidad de este órgano de gobierno nombrar a los miembros de la junta directiva mediante votaciones por planchas de candidatos idóneos e independientes, asegurando así un gobierno y control efectivo de la empresa. Es imperativo que estos miembros independientes de las juntas directivas y la gerencia, estén alejados de las tendencias del ejecutivo de turno y sean profesionales competentes en sus respectivos campos. En última instancia, el desafío radica en encontrar un equilibrio delicado entre el poder estatal y la autonomía empresarial. Es necesario garantizar que las empresas del Estado operen de manera transparente y eficiente, sirviendo al interés público y contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Solo así podremos asegurar un futuro próspero y sostenible para las empresas estatales y para la sociedad en su conjunto.
