El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) hizo un llamado a las empresas, instituciones y organizaciones del país a fortalecer sus estrategias de gestión del riesgo con enfoque inclusivo, de cara al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se realizó el 22 de octubre.
De acuerdo con el DANE, en Colombia viven más de tres millones de personas con discapacidad, principalmente en Nariño, Cauca y Putumayo. Sin embargo, pese a los avances normativos, su participación en planes de emergencia sigue siendo limitada. En Bogotá, por ejemplo, aunque más de 458.000 personas tienen algún tipo de discapacidad, solo 24.731 participaron en el Simulacro de Evacuación 2024, según el IDIGER.
Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS, señaló que “el principio de ‘nada de nosotros sin nosotros’ debe ser la base de toda gestión inclusiva. Garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en los simulacros no solo salva vidas, sino que fortalece la cultura organizacional y la responsabilidad social”.
La Organización Panamericana de la Salud advierte que las personas con discapacidad tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades de morir durante una emergencia que quienes no tienen esta condición. A su vez, la ONU estima que solo el 20 % podría evacuar sin ayuda, mientras que un 6 % no podría hacerlo en absoluto.
El CCS resalta que avanzar hacia una gestión del riesgo equitativa no requiere grandes inversiones, sino compromiso y ajustes razonables. Acciones simples como señalización accesible, capacitación del personal y comunicación adaptada pueden marcar la diferencia.
Entre las recomendaciones del CCS están conformar grupos de apoyo, evaluar la accesibilidad de los espacios, garantizar rutas de evacuación libres de obstáculos y usar señalización con braille, pictogramas, sonidos o luces intermitentes. Además, promover la capacitación de personas con discapacidad en planes de emergencia, simulacros y primeros auxilios.
El llamado busca que el Simulacro Nacional no solo mida la capacidad de respuesta de las instituciones, sino también su compromiso con la inclusión y la protección de todos los ciudadanos.
