Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Las tensiones institucionales, el crecimiento desbordado del aparato estatal, la pérdida de confianza en la justicia, la inseguridad, el retroceso educativo y el freno al emprendimiento están afectando la posibilidad de que las personas construyan libremente su futuro. En este contexto, las familias empresarias, que han sido un motor silencioso de desarrollo, no pueden mantenerse neutrales. La propuesta L3P del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) no es simplemente una plataforma técnica o una estrategia electoral; es una hoja de ruta integral para liberar el potencial de las personas y del país, redefiniendo el rol del Estado para que se enfoque en lo esencial y devuelva al ciudadano la libertad de emprender, innovar y progresar.
Para ilustrar el impacto que un Estado sobredimensionado puede tener sobre el tejido empresarial y familiar, pensemos en la historia de una familia oriunda del Eje Cafetero que ha dedicado más de tres generaciones a construir una agroindustria sólida, basada en el cultivo de aguacate Hass y su transformación para mercados de exportación. El abuelo, un antioqueño con espíritu emprendedor, inició el negocio con cinco hectáreas, una mula y el respaldo incondicional de su esposa. Sus hijos consolidaron la cadena de valor, invirtiendo en tecnología, buenas prácticas agrícolas, certificaciones internacionales y procesos de trazabilidad que abrieron las puertas a Europa y Norteamérica. Hoy, los nietos están listos para liderar el proceso de expansión, con proyectos ambiciosos que incluyen una planta de extracción de aceite, una alianza con un centro de investigación, y un modelo de encadenamiento productivo con pequeños cultivadores. Sin embargo, en los últimos años, este proyecto de crecimiento se ha ido debilitando frente a un entorno hostil. Las cargas regulatorias han aumentado de forma arbitraria: nuevas licencias ambientales, permisos de vertimiento exigidos con requisitos contradictorios, visitas de funcionarios sin coordinación entre instituciones y una sobrecarga tributaria que pone en riesgo la viabilidad financiera del negocio. La inseguridad en la región ha escalado al punto que algunos proveedores no se atreven a transitar de noche, y han tenido que contratar seguridad privada para proteger las rutas de distribución. La inversión en una nueva planta quedó congelada porque, luego de tres años de trámites, una oficina regional de licencias negó la autorización con argumentos políticos. A esto se suma la incertidumbre jurídica: cambios normativos repentinos, amenazas a la propiedad rural y discursos gubernamentales que estigmatizan a los empresarios como enemigos del pueblo. Los miembros más jóvenes de la familia, que se formaron en universidades de prestigio, sienten que su lugar no está en Colombia. Han empezado a explorar oportunidades fuera del país, no porque no amen el legado de sus abuelos, sino porque sienten que todo está en su contra. Los mayores, por su parte, viven un dilema ético: ¿deben seguir insistiendo en crecer en su tierra, con riesgo patrimonial, emocional y personal, o deben reducir su operación para proteger lo que queda? La historia de esta familia no es única. Se repite con otros nombres y otros productos, pero con las mismas emociones: frustración, miedo, impotencia, y una sensación de injusticia profunda. El país pareciera castigar a quienes crean empleo formal, pagan impuestos y reinvierten en el territorio.
Frente a este panorama, L3P propone una respuesta estructural. Su visión no es la de un Estado ausente, sino la de un Estado que hace bien lo que debe hacer, y que no se entromete donde no agrega valor. Es un llamado a reemplazar la lógica del control por la lógica de la libertad, la creación de valor y la autonomía de las personas. Su propuesta gira en torno a cinco rutas integradas: 1) La reforma al Estado, es el corazón del modelo: Implica eliminar funciones duplicadas, reestructurar entidades que no cumplen un propósito claro, controlar el gasto público y avanzar hacia un déficit cero. En lugar de un Estado que crece sin control y que traslada su ineficiencia a las futuras generaciones, L3P propone un Estado austero, técnico y evaluado por resultados; 2) La ruta del crecimiento económico, plantea desregular, simplificar y reducir impuestos que hoy castigan el ahorro, la inversión y el crecimiento. Se trata de liberar la capacidad de las personas para crear valor, sin depender del permiso o la discreción del burócrata de turno; 3) La política de seguridad: busca construir capacidades reales para enfrentar el crimen organizado y devolverle a las personas la posibilidad de vivir sin miedo. L3P propone crear una fuerza intermedia especializada, entre la Policía y las Fuerzas Militares, con capacidades tácticas, tecnológicas y de inteligencia para operar en zonas de alto riesgo; 4) En infraestructura, la propuesta es clara: reglas estables, procesos predecibles y respeto a los contratos y la propiedad privada, con una ventanilla única que elimine cuellos de botella y permita desarrollar proyectos estratégicos sin bloqueos arbitrarios; Finalmente, 5) en educación y conocimiento, L3P propone romper con el sistema estatista y rígido que impone modelos únicos, y pasar a un sistema donde las personas puedan elegir cómo y dónde formarse. Recursos públicos que sigan a los estudiantes, libertad para innovar en metodologías y reconocimiento legal de modelos como la educación híbrida, el homeschooling o la formación modular basada en competencias.
Volviendo al caso de la familia, ¿cómo puede esta hoja de ruta convertirse en un plan de acción real y concreto? En primer lugar, deben entender que su situación no es una excepción, sino el síntoma de una enfermedad estructural. Eso les permite pasar del lamento individual a la acción colectiva. Segundo, deben participar activamente en la difusión de las ideas de L3P en sus redes empresariales, gremios, fundaciones y medios de comunicación. No se trata de adoctrinar, sino de generar conversación informada. Tercero, deben fortalecer la gobernanza de su grupo empresarial, incorporando los principios de eficiencia, transparencia y orientación a resultados que L3P defiende para el sector público. Cuarto, deben invertir en liderazgo joven con una formación integral que combine empresa, civismo y responsabilidad social. La formación de la siguiente generación no puede centrarse solo en habilidades técnicas, sino también en el sentido del país que quieren construir. Quinto, deben participar en procesos de incidencia, ya sea apoyando propuestas legislativas que estén alineadas con L3P, invitando a candidatos a explicar su visión de país o colaborando con centros de pensamiento y universidades que promuevan la reforma institucional. Sexto, deben revisar su estrategia de crecimiento y protección patrimonial, considerando escenarios donde el entorno se alinee con L3P, y otros donde no lo haga. Eso les permitirá tomar decisiones informadas y no reactivas. Y séptimo, deben promover dentro de su familia un nuevo tipo de conversación: una donde se hable del propósito del patrimonio, de su rol como agentes de cambio, y de la responsabilidad moral que implica haber recibido mucho en un país donde tantos tienen tan poco.
El potencial de Colombia no está bloqueado por falta de talento ni de recursos, sino por un modelo institucional que sofoca la libertad, penaliza el mérito y entorpece la innovación. Las familias empresarias, por su historia, su arraigo territorial, su vocación de largo plazo y su capacidad de organización, tienen un papel fundamental en la construcción de un nuevo pacto institucional. L3P es una invitación a asumir ese rol, no desde la ideología, sino desde la experiencia concreta de quienes saben lo difícil que es crear valor en medio de la incertidumbre.
