La nueva ley de financiamiento propuesta por el Gobierno Nacional ha generado inquietudes en diversos sectores por sus posibles efectos adversos sobre la transición energética, la sostenibilidad ambiental y el costo de vida de los colombianos.
Entre las disposiciones más sensibles se encuentra la creación de un impuesto del 1 % sobre la extracción de combustibles fósiles, junto con un gravamen progresivo a la gasolina. Estas medidas, sumadas al impacto proyectado sobre los biocombustibles —especialmente el etanol—, podrían encarecer significativamente la matriz energética nacional.
A esto se suma un decreto en estudio que contempla un aumento del 20 % en las tarifas de energía para el sector industrial, con efectos directos sobre las empresas generadoras. Según Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana e investigador en sostenibilidad, “estas disposiciones constituyen señales de desestímulo tanto para nuevos proyectos como para la expansión de los ya existentes”. El experto advierte que restringir la oferta energética en un contexto de demanda creciente genera un déficit estructural, elevando el costo del kilovatio-hora (kWh) que finalmente asumen los usuarios.
Por otro lado, la normativa omite el reconocimiento de los vehículos híbridos como alternativa válida en el proceso de descarbonización. Aunque no son eléctricos en su totalidad, estos automotores emiten hasta un 40 % menos gases contaminantes que los vehículos de combustión interna. Su exclusión de los incentivos fiscales podría desincentivar su adopción, a pesar de que en otros países han demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la calidad del aire y reducir la polución urbana.
La redacción actual de la ley, además, podría inducir a que los consumidores opten por vehículos diésel, debido a la brecha de precios frente a los híbridos y los que operan con gasolina, lo que representaría un retroceso en los objetivos de movilidad sostenible.
En conjunto, la ley de financiamiento plantea riesgos concretos para la competitividad energética, la inversión en tecnologías limpias y el cumplimiento de las metas de transición ecológica. Al elevar los costos de generación, limitar el acceso a soluciones sostenibles y desincentivar la movilidad baja en emisiones, se compromete el avance hacia un modelo energético más equitativo y resiliente.
