Este enero del 2026 ha sido muy distinto. No fue el enero habitual de ajustar metas, activar planes y ejecutar presupuestos aprobados con disciplina en diciembre. Fue un enero incómodo. Un enero de volver a abrir el Excel, de recalcular estados de resultados que ya estaban cerrados, de revisar escenarios que creíamos resueltos. A muchos empresarios nos tocó rehacer el presupuesto del 2026 en los primeros días del año, no por cambios del mercado, sino por decisiones unilaterales tomadas desde el poder público al cierre del 2025.
El país, es cierto, creció. Pero no creció por las razones correctas. El crecimiento del 2025 estuvo impulsado, en buena parte, por el ingreso de dólares del narcotráfico, que generó una revaluación artificial del peso, y por un gasto público desbordado, financiado con déficit fiscal y deuda a tasas de interés altas. Fue un crecimiento ficticio: como una familia que gasta más de lo que le ingresa, se endeuda al límite y celebra una bonanza momentánea, aun sabiendo que no podrá sostenerla. Al final llegan la inflación, las tasas altas y el ajuste. Sobre ese terreno frágil se decretó un aumento del salario mínimo del 23,7% y se decretó un incremento de las cargas tributarias que afectan tanto la operación como el patrimonio de las empresas. Para entender el impacto real de estas decisiones, conviene bajar el debate a números simples y concretos.
Con un ejemplo explicaré los efectos. El presupuesto 2026 de esta empresa se construyó con un incremento del salario mínimo del 12%, cifra que el propio Gobierno había sugerido como escenario razonable y que, además, representaba un punto intermedio entre la propuesta de los empresarios (7,5%) y la de los sindicatos (16%). Es decir, no se trataba de un presupuesto optimista, sino prudente y técnicamente viable. El problema no fue la planeación; el problema fue el cambio unilateral de las reglas después de aprobado el presupuesto. Tomemos una empresa tradicional del sector comercio, intensiva en mano de obra, con ingresos estables por $10.000 mil millones. No pierde ventas, no pierde clientes y no comete errores de gestión. Antes del ajuste, era una empresa sana: margen bruto del 40%, EBITDA del 10%, utilidad neta del 3% y un ROE cercano al 9%. El choque no vino por el mercado; vino por los decretos. A continuación, solo lo que cambió en el presupuesto 2026 tras las decisiones unilaterales, incluyendo el efecto completo del gasto laboral, administración y ventas, y el impacto fiscal:
Qué cambió en el presupuesto 2026 tras los decretos (miles millones)
| Concepto | Presupuestado 2026 | Ajustado por decreto | Impacto |
| Salarios mínimos (administración) | $1.000 | $1.117 | +$117 |
| Personal de ventas | $700 | $782 | +$82 |
| Gasto laboral total | $2.000 | $2.199 | +$199 |
| Impuestos operativos (no renta) | $300 | $350 | +$50 |
| Gastos operacionales | $3.100 | $3.349 | +$249 |
| EBITDA | $1.000 | $751 | –$249 |
| Utilidad neta | $325 | $157 | –$168 |
| ROE | 9,3% | 4,5% | –4,8 pp |
La lectura es directa. El aumento no se quedó en “salarios mínimos”. También arrastró el personal de ventas y se sumó un incremento de impuestos operativos. Por eso el salto en gastos operacionales (+$249 millones) se explica de forma clara: +$199 millones por mayor gasto laboral y +$50 millones por mayor carga tributaria. Cada peso adicional en gastos se tradujo casi peso a peso en menor EBITDA. Sin vender menos y sin cometer errores, la empresa pierde $249 millones de EBITDA y $168 millones de utilidad neta. La rentabilidad para los socios se reduce a la mitad. Aquí se desmonta un argumento recurrente: que los mayores gastos se compensan vendiendo más. Para compensar un aumento de gastos del orden del 8%–10%, la empresa tendría que vender entre 8% y 10% más en unidades o subir precios en la misma proporción. Ninguna de las dos cosas es realista en una economía que crece alrededor del 3% y que enfrenta un 2026 aún más incierto. La brecha termina convertida en menor margen, menor utilidad y capacidad de inversión. A este escenario se suma un elemento particularmente delicado: los impuestos al patrimonio. A diferencia del impuesto de renta, estos gravan activos independientemente de su rentabilidad. En empresas familiares intensivas en capital, locales, bodegas, inventarios, tierras, el impuesto se paga incluso cuando la utilidad cae de forma dramática. Es una salida de caja adicional justo cuando la caja está más presionada, obligando a descapitalizar la empresa o el patrimonio familiar para cumplir con el fisco. Se presiona el estado de resultados y, simultáneamente, el balance. El efecto combinado es especialmente nocivo: menor margen operativo, menor utilidad, menor ROE y mayor presión fiscal sobre activos. No es extraño, entonces, que muchas empresas opten por frenar inversiones, posponer expansiones o entrar en modo defensivo. No por ideología, sino por prudencia.
Este es el verdadero costo de las decisiones unilaterales. No se ve en titulares ni en discursos; se ve en silencio. Mientras las cortes y la justicia se pronuncian, como deben hacerlo, las empresas no pueden quedarse inmóviles. La incertidumbre jurídica no suspende la nómina, no congela a los proveedores ni espera a que haya fallos. Por eso, como ocurrió durante la pandemia, los empresarios están obligados a actuar antes de tener certezas, a ajustar con prudencia, a proteger la caja y a defender la empresa para que exista mañana. No es resignación ni sumisión; es responsabilidad. Ajustar en silencio no es aceptar el error ajeno, es ganar tiempo para sobrevivir mientras las instituciones hacen su trabajo.
Recomendaciones para empresarios y familias empresarias:
- Rehacer el presupuesto 2026 con escenarios claros (conservador, base y defensivo).
- Priorizar caja y liquidez por encima de la rentabilidad contable.
- Medir el impacto total del salario (administración y ventas), no solo la nómina directa.
- Incorporar impuestos al patrimonio en el análisis de caja y reservas.
- Revisar productividad antes de recortar personas de forma indiscriminada.
- Frenar inversiones solo tras evaluarlas estratégicamente; no todo gasto es igual.
- Abrir conversaciones francas en junta directiva y consejo de socios; exigir resultados con reglas antiguas es mala gobernanza.
- Separar indignación política de gestión empresarial.
- Prepararse para un 2026 de menor crecimiento, mayor volatilidad y decisiones más selectivas.
Las empresas familiares no se quiebran por un decreto aislado, pero sí por la acumulación de decisiones que erosionan silenciosamente su margen, su caja y su patrimonio. Subir por decreto es visible; ajustar en silencio es lo que hacen las empresas para sobrevivir. Volver al Excel no es rendirse; es gobernar. Y gobernar bien, incluso en tiempos adversos, sigue siendo la mejor forma de proteger el empleo, el patrimonio y el legado.
