Brindar seguridad y confianza al usuario es esencial para el crecimiento de cualquier industria, y en el caso del cripto, debe ser el principal objetivo de la regulación. Mientras otros países de la región ya han avanzado en este aspecto, Colombia nuevamente ha iniciado el camino hacia un marco que iguale las reglas del juego, fomente la innovación y el crecimiento económico, y logre una industria más madura, impulsada por una mayor certidumbre regulatoria y el creciente interés del sistema financiero tradicional.
La radicación del proyecto de Ley 510 de 2025, que busca regular a los proveedores de servicios de criptoactivos en el país y fue presentado hace pocos días por los congresistas Julián López y Gustavo Moreno en la Cámara de Representantes, nos abre nuevamente las puertas ante el principal ente legislador para retomar el camino fijado por propuestas anteriores, como el proyecto de Ley 262 de 2022. Estamos ante una gran oportunidad para alcanzar tres objetivos claros: definir un marco regulatorio que proteja. a los inversionistas mediante un sistema que registra a las plataformas que presentan servicios de activos digitales (PSAV), genera un entorno favorable para el crecimiento de la industria cripto promoviendo la adopción de la blockchain y fomenta la colaboración entre el sector público y privado para consolidar el mercado de criptoactivos.
Sin embargo, hay que seguir avanzando. En Europa, el reglamento MiCA ha impulsado un entorno favorable para la innovación, mientras que en Estados Unidos, el gobierno de Trump y sus recientes anuncios han respaldado la industria. En Colombia, el avance inicial en regulación posicionó al país en el puesto 16 de adopción cripto a nivel mundial, pero la falta de claridad regulatoria nos hizo descender al puesto 36.
En los últimos años, la industria ha dado pasos decididos para generar un entorno favorable para el sector. Un ejemplo es el sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera, que permitió alianzas entre exchanges y bancos del país para generar sinergias, socializar la industria y crear cultura alrededor del cripto bajo la supervisión de los entes de control. Aunque el ejercicio garantizó la seguridad de los recursos y la estabilidad de las entidades, no derivó en un resultado concreto, lo que redujo el entusiasmo inicial. Actualmente, sigue vigente la Circular 52 de 2017 de la Superfinanciera, que dificulta la integración entre ambos sectores. Posteriormente, el país adoptó normativas tributarias y contables pioneras en la región. La DIAN y el Consejo Técnico de la Profesión Contable definieron cómo tratar las inversiones en criptomonedas.
El mercado cripto a nivel local mueve más de USD $70.000 millones mensualmente. De ahí radica la importancia de atraer oportunidades, no solo en alternativas de inversión seguras e inclusivas para los colombianos, sino también en la apertura de nuevos servicios y soluciones que hacen del cripto una herramienta útil para empresas y personas en su día a día. Ni qué decir de la tecnología blockchain , aún en fase de desarrollo, con todo por construir y aprender.
Aspectos como la seguridad de los fondos, el acceso a un sistema financiero inclusivo, la neutralidad tecnológica y la creación de herramientas pedagógicas para tomar decisiones informadas son los cimientos que estarán en juego con la radicación de este proyecto. La meta es construir una norma robusta que brinde garantías a una industria que no deja de innovar y que se retroalimenta constantemente de actores públicos, privados, reguladores y demás participantes del ecosistema.
