En muchas empresas, la definición y revisión de las políticas contables se delega informalmente al contador, lo que puede llevar a decisiones unilaterales que afectan la presentación financiera y la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, estas responsabilidades deben estar bajo la supervisión del comité de auditoría y la aprobación de la junta directiva para garantizar transparencia y cumplimiento. Este artículo subraya la importancia de que la junta directiva asuma un rol activo en la supervisión de las políticas contables. Destaca cómo, en un caso real, la falta inicial de supervisión tuvo consecuencias significativas durante una reorganización empresarial, pero finalmente, la junta asumió su responsabilidad y gestionó adecuadamente la situación.
La supervisión de las políticas contables es una responsabilidad fundamental y a menudo subestimada de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría. El Comité de Auditoría juega un papel clave en revisar y evaluar estas políticas antes de su aprobación final por la Junta, garantizando que decisiones contables como el reconocimiento de ingresos, la valoración de activos y pasivos, y la depreciación de activos no queden únicamente en manos de roles ejecutivos sin la debida vigilancia estratégica. El enfoque teórico se basa en principios de buen gobierno corporativo, donde la Junta no solo aprueba, sino que también cuestiona y entiende las políticas contables. Para esto, el Comité de Auditoría debe estar compuesto por miembros independientes con conocimientos técnicos especializados, encargados de evaluar la idoneidad de las políticas, discutir riesgos y asegurar que estén alineadas con la estrategia a largo plazo de la empresa. Así, las políticas contables se convierten en una extensión de la visión y objetivos estratégicos de la organización, no solo en procedimientos operativos. Una supervisión activa y fundamentada por parte de la Junta Directiva y el Comité de Auditoría refuerza la transparencia y la confianza en los estados financieros, previniendo errores significativos y evitando una imagen financiera distorsionada. Manteniendo una vigilancia constante y alineada con los objetivos estratégicos, la Junta Directiva asegura que las políticas contables cumplan con las normativas legales y reflejen fielmente la realidad económica de la organización.
Para entender la importancia de la supervisión de las políticas contables por parte de la Junta Directiva, consideremos el caso de una empresa colombiana del sector manufacturero que se enfrentó a un proceso de reorganización bajo la Ley 1116. Esta empresa, que poseía una base considerable de activos fijos y una estructura de ingresos compleja, había descuidado la revisión formal de sus políticas contables durante años, delegando esta responsabilidad al contador. Este enfoque llevó a la falta de actualización de políticas clave, y durante el proceso de reorganización se identificaron varios problemas contables que complicaron las negociaciones con los acreedores y afectaron la percepción de los inversionistas sobre la viabilidad de la empresa. Uno de los problemas más significativos fue la valorización incorrecta de los activos fijos. Los activos no se habían revaluado en años, lo que resultó en valores en libros desactualizados que no reflejaban el valor de mercado actual. Esta discrepancia distorsionó la imagen financiera de la empresa, dando la impresión de un patrimonio neto inferior al real. Durante la reorganización, una revaluación adecuada reveló que los valores reales de los activos eran significativamente mayores. Este ajuste mejoró el patrimonio neto de la empresa y facilitó las negociaciones con los acreedores, proporcionando una base más sólida para discutir la viabilidad y los planes futuros de la empresa. Esta mejora en la percepción de los activos fue crucial para ganar la confianza de los stakeholders.
Además, la empresa seguía un enfoque extremadamente conservador en sus políticas contables. Por ejemplo, los ingresos se reconocían únicamente cuando el producto llegaba físicamente al cliente, en lugar de registrarse desde la salida de la planta. Aunque esta política aseguraba que las ventas reflejaran transacciones completamente realizadas y libres de riesgos de devolución o incumplimiento, resultaba en una subestimación temporal de las utilidades en períodos de alta demanda. Este enfoque conservador podía dar una imagen excesivamente cautelosa de la estabilidad financiera de la empresa, lo cual, en un contexto de reorganización, no reflejaba adecuadamente su verdadera capacidad operativa. Otro problema fue la política de provisión para cuentas incobrables, que era excesivamente conservadora. La empresa castigaba cualquier cuenta que superara los 45 días de retraso, asegurando una posición financiera libre de activos de baja calidad. Sin embargo, esta práctica resultaba en una sobreestimación de la provisión para cuentas incobrables, creando una imagen financiera más robusta pero también más conservadora de lo necesario. Aunque esta prudencia era adecuada para empresas con altas ganancias que buscan minimizar utilidades a través del reconocimiento temprano de gastos, no era la mejor estrategia para una empresa en reorganización, que necesitaba reflejar una posición financiera más precisa y menos restrictiva. Finalmente, el método de depreciación aplicado a los activos también presentaba problemas. La empresa utilizaba un método de depreciación lineal a menor plazo comparado con su competencia directa, acelerando el reconocimiento de los gastos asociados a la planta y el equipo. Aunque este enfoque es adecuado para compañías maduras y con alta rentabilidad, en la situación actual de la empresa en reorganización, este conservadurismo podía haber sido innecesario. Ajustar las políticas contables para reflejar un perfil financiero más alineado con la realidad operativa y las necesidades inmediatas podría haber sido más beneficioso.
Este caso ilustra la crucial importancia de que la Junta Directiva desempeñe un rol activo en la supervisión y definición de las políticas contables. Esta responsabilidad va más allá de la administración diaria y se convierte en una función estratégica clave que puede impactar profundamente en la percepción y el desempeño financiero de la empresa. El Comité de Auditoría juega un papel esencial al ofrecer una revisión técnica y una perspectiva independiente, lo que ayuda a identificar y mitigar riesgos antes de que las políticas sean presentadas a la Junta. Esto garantiza que las decisiones contables no solo cumplan con las normativas, sino que también respalden los objetivos estratégicos y reflejen la realidad operativa de la empresa.
La participación activa de la Junta Directiva en la definición y aprobación de las políticas contables no debe ser vista como una carga, sino como una oportunidad para fortalecer la gobernanza y alinear a la empresa con sus objetivos a largo plazo. En el caso descrito, la falta de una revisión adecuada y la delegación excesiva a niveles operativos resultaron en políticas que no favorecían la situación actual de la empresa, subestimando sus fortalezas y sobreestimando sus riesgos. Una mayor involucración por parte de la Junta podría haber conducido a políticas contables mejor alineadas con la realidad del negocio y su entorno, mejorando así su posición frente a acreedores y otros stakeholders.
En resumen, las políticas contables deben ser gestionadas estratégicamente por la Junta Directiva con el respaldo técnico del Comité de Auditoría. Esto asegura no solo el cumplimiento normativo y la transparencia financiera, sino también la alineación con la visión y los objetivos estratégicos de la empresa. Al asumir un rol activo en este proceso, la Junta Directiva no solo cumple con su deber fiduciario, sino que también contribuye significativamente al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la organización.
