Colombia cumple un año desde la entrada en vigor de la Ley 2232 de 2022, que prohíbe de forma progresiva los plásticos de un solo uso. Aunque la transición no ha sido uniforme, ya hay avances normativos y empresariales que marcan el rumbo hacia un modelo más sostenible.
La normativa, recientemente reglamentada por la Resolución 0308 de 2024, ha reconfigurado los modelos de producción, consumo y reciclaje en el país. Esta transformación se articula con otras regulaciones como la Resolución 1407 de 2018 y los nuevos criterios de ecodiseño y contenido reciclado, lo que ha consolidado un ecosistema legal más exigente para las empresas.
Sin embargo, el proceso ha estado lejos de ser lineal. Persisten varios desafíos: la falta de sustitutos viables a gran escala, especialmente en sectores como alimentos y salud; la desinformación sobre productos prohibidos; la caída de hasta un 40 % en el precio del plástico reciclado; y la débil fiscalización por parte de las autoridades.
El pasado 24 de junio, la Plaza de Bolívar en Bogotá fue escenario de una protesta simbólica liderada por la Asociación Nacional de Recicladores. Su presidenta, Nora Padilla, denunció el abandono estatal y la caída del 30 % en los precios del material reciclado. “Esto no es basura, esto es reciclaje, pero con los precios que tenemos hoy en día pareciera que se quiere considerar basura”, declaró. Actualmente, el kilo de PET apenas se paga a $1.500, una cifra que no compensa el trabajo de los recicladores.
En este panorama, empresas como Atica están demostrando que la transición es posible. Especializada en gestión ambiental y valorización de residuos, Atica procesa más de 11.000 toneladas de plástico reciclado al año, lo que representa cerca del 5 % del total nacional. Con presencia en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, su cobertura permite una operación estratégica y escalable.
“Vemos un panorama positivo. Aunque los avances en el cumplimiento de los objetivos de la norma son lentos, vamos logrando pasos significativos en la divulgación y apropiación de estas metas en todo el país”, explicó Leydy Pulido, comercial nacional de posconsumo en Atica. Actualmente, la empresa trabaja en una certificación que garantice el uso de materia prima 100 % reciclada posconsumo nacional, con trazabilidad y cumplimiento normativo.
Cumplir con la Ley 2232 también representa beneficios importantes para las empresas: evitar sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos, mejorar su posicionamiento ante licitaciones y mercados internacionales, acceder a incentivos tributarios y fomentar la innovación. Además, se dinamiza el mercado del plástico reciclado, generando empleo e impulsando a los negocios verdes.
“La prohibición de ciertos plásticos de un solo uso ha comenzado a impulsar la demanda de materiales reciclados, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo de empaques sostenibles, mobiliario, piezas industriales y productos innovadores”, destaca Atica.
La Ley fija metas exigentes hacia 2030: por ejemplo, las botellas PET deben tener 50 % de contenido reciclado en 2025 y 90 % en 2030; los envases rígidos de HDPE deben alcanzar 30 % en 2030; y los plásticos para construcción deberán tener hasta 90 % de contenido reciclado en ese mismo año. Programas como “Acción 100” y “Acción 110” exigen a los productores recuperar y reutilizar el plástico que ponen en el mercado, bajo certificación oficial.
Entre las fechas clave está diciembre de 2024, cuando vence el plazo para que los productores actualicen sus Planes de Gestión Ambiental. Ese mismo año también se prohíben productos como bolsas de punto de pago, pitillos, mezcladores y otros de bajo valor reciclable. Para 2030, la lista incluirá vajillas plásticas, botellas personales y empaques para líquidos no preenvasados.
Más que una restricción, la Ley 2232 representa una oportunidad histórica para transformar el modelo productivo del país. Si se articulan esfuerzos entre el Estado, las empresas y los recicladores, Colombia podría posicionarse como líder en economía circular en América Latina. Y empresas como Atica demuestran que sí es posible convertir los residuos en recursos y los desafíos en oportunidades reales de cambio.
