El sistema financiero colombiano podría enfrentar un retroceso en su proceso de digitalización de pagos. Un decreto que prepara el Ministerio de Hacienda y Crédito Público busca unificar la tarifa de retención en la fuente para los pagos electrónicos de bajo valor, lo que, según expertos, introduce fricciones que desincentivan el uso de herramientas como Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República.
Una medida que afecta la innovación financiera
Actualmente, más de la mitad de los trabajadores en Colombia son informales, lo que limita la inclusión financiera y mantiene la dependencia del efectivo. Aunque el país ha avanzado en el uso de billeteras digitales como Nequi o Daviplata, el decreto propuesto podría revertir esos logros al imponer nuevas cargas a los pagos electrónicos.
El análisis de ANIF y Colombia Fintech advierte que, lejos de equilibrar el terreno con los pagos con tarjeta, la medida haría del efectivo un medio más atractivo, afectando la adopción de soluciones digitales y restando impulso a la agenda de innovación y formalización financiera.
Bre-B, la pieza clave en riesgo
El sistema Bre-B, desarrollado por el Banco de la República, busca crear una infraestructura pública que permita transferencias inmediatas, seguras y de bajo costo entre bancos y billeteras digitales. Su objetivo es acelerar la digitalización de pagos e integrar a más colombianos al sistema financiero formal.
Sin embargo, la nueva regulación podría frenar su adopción al introducir costos adicionales y generar incertidumbre. “Este tipo de ajustes regulatorios son especialmente costosos para el éxito de la infraestructura de pagos, porque debilitan la confianza de los usuarios y envían una señal contraria a la formalización económica”, señala el análisis.
Una alternativa para impulsar la inclusión financiera
De acuerdo con el estudio de ANIF y Colombia Fintech, eliminar —y no aumentar— las tarifas de retención podría generar beneficios fiscales y de formalización en el mediano plazo. La exención de la retención para pagos con tarjetas o billeteras digitales reduciría temporalmente el recaudo en 2026, pero a partir de 2028 el efecto sería positivo gracias a un mayor dinamismo en ventas y formalización de negocios.
El informe proyecta que entre 2026 y 2034 el balance fiscal acumulado sería favorable en $223.469 millones, demostrando que una política de incentivos bien diseñada puede fortalecer la base tributaria sin frenar la innovación.
Los incentivos en el lugar equivocado
La decisión del Gobierno, según el análisis, sacrifica avances en inclusión y digitalización para cubrir necesidades fiscales inmediatas. En lugar de incentivar la transición hacia pagos digitales, se refuerza el uso del efectivo, lo que perpetúa la informalidad y limita el acceso a servicios financieros.
Promover la digitalización de pagos sigue siendo un objetivo estratégico para mejorar la productividad, ampliar la cobertura financiera y construir una economía más formal, eficiente y trazable. Con el decreto en curso, el país corre el riesgo de retroceder justo cuando el sistema Bre-B prometía dar un salto hacia el futuro.
