En Colombia, apenas el 35,5 % de los mayores de edad cuenta con un crédito formal activo, una cifra que evidencia las brechas persistentes de inclusión financiera en el país. Según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), parte de este rezago está relacionado con el actual esquema de tasa de usura, un mecanismo que, aunque busca proteger a los usuarios, termina restringiendo el acceso al crédito formal para los hogares y empresas con mayor riesgo financiero.
En su más reciente Comentario Económico, ANIF advierte que al fijar techos máximos de interés, el sistema desincentiva a las entidades financieras a prestar a personas con ingresos inestables o perfiles de riesgo alto —precisamente quienes más necesitan financiamiento—, empujándolas hacia prestamistas informales e ilegales, donde las tasas pueden alcanzar niveles anualizados de hasta 666 %, según la Encuesta de Endeudamiento de la entidad.
El análisis histórico (2008–2025) muestra una relación positiva entre la flexibilidad de la tasa de usura y el crecimiento de las carteras de crédito. De acuerdo con ANIF, un incremento de 1 punto porcentual (pp) en el techo de la tasa de usura se traduce en un aumento de 0,69 pp en la cartera de consumo y 0,43 pp en la cartera comercial, lo que evidencia que un mayor margen de maniobra en las tasas puede ampliar el acceso al crédito formal y reducir la dependencia del crédito informal.
Un cambio metodológico clave
Actualmente, la tasa de usura se calcula como 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente (TIBC), que se determina con base en la tasa efectiva anual promedio ponderada por los montos desembolsados en todas las líneas de crédito. Sin embargo, las menores tasas y los mayores montos del crédito comercial tienden a reducir artificialmente la TIBC, lo que termina afectando el techo de interés para los créditos de consumo.
Por ello, ANIF propone revisar la metodología y calcular la TIBC exclusivamente a partir de las líneas de consumo, para que refleje de manera más precisa el riesgo y las condiciones de este segmento. Según los cálculos del centro de estudios, si se adoptara esta modificación, la cartera de consumo podría aumentar en 7,9 billones de pesos (3,9 %) y la cartera comercial en 8,9 billones (2,4 %).
El planteamiento hace parte del proyecto Colombia Progresa 2630, una agenda de política pública que la asociación ha puesto sobre la mesa para el próximo Gobierno (2026–2030), enfocada en impulsar la inclusión financiera y dinamizar el crédito formal en el país.
