El gobierno publicó el decreto que, en la práctica, encarece las importaciones de confecciones que, en su mayoría, provienen de países con los que Colombia no tiene TLC.
Con el argumento de promover la competitividad nacional, una mayor generación de valor agregado y el empleo, el gobierno expidió un decreto que establece un arancel del 40 % ad valorem a las importaciones de confecciones de cualquier origen.
La medida modifica un decreto expedido por la administración anterior que estableció un arancel del 40% para las confecciones de menos de US$10 y del 15% (más US$1,5 /Kilogramo) para las de más de US$10. En la práctica, el arancel era del 21% dado que las prendas tenían un precio promedio de US$25/kilogramo.
«Este arancel a la importación de confecciones permitirá que pueda dispararse la industria de confecciones de Colombia. Mejor aun si frenamos el gran contrabando que es la otra cara de la moneda de la exportación de cocaína ilegal», señaló en su cuenta de Twitter el presidente, Gustavo Petro, en noviembre.
Pero, según el gobierno, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior tuvo en cuenta que existen dificultades en la aplicación de los umbrales arancelarios por kilogramo bruto, dado que existen prendas que se catalogan como pesadas y livianas, lo cual plantea el riesgo de sobrepasar el arancel consolidado.
“Definir un arancel unificado permite tener criterios técnicos objetivos para que en la aduana se pueda determinar cuál es la tarifa arancelaria que se debe aplicar”.
El decreto señala que los aranceles establecidos no serán aplicables a aquellas importaciones de mercancías que se encuentren efectivamente embarcadas hacia Colombia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto y que no modificarán ningún programa de desgravación preferencial vigente en Colombia.
Para los críticos de la medida, el arancel es inconveniente e inoportuno, “ya que afecta severamente al consumidor y aumentará la inflación, y los países retaliarán contra Colombia”.