A pesar de las críticas de sus colegas de gabinete, Carolina Corcho recibió el apoyo del presidente Gustavo Petro a un proyecto que levanta ampolla entre los expertos, sectores de la opinión pública y aun en el legislativo.
Aunque durante la presentación del proyecto de 152 artículos, el presidente Gustavo Petro dijo que la iniciativa radicada en la Cámara construye sobre lo construido, las 291 páginas del proyecto suponen una victoria de la línea dura encarnada por la ministra de Salud, Carolina Corcho.
De hecho, a pesar de que el proyecto apenas fue divulgado el lunes en horas de la tarde, Petro convocó a quienes lo respaldan a marchar en diferentes ciudades del país en apoyo a una reforma que supone un profundo revolcón en el sistema de salud y que en la práctica sí les da un golpe de gracia a las EPS al suprimir su rol de intermediación financiera, que asumirá la Administradora de los Recursos del Sistema General Seguridad Social, Adres.
Félix León Martínez, director de la entidad, dijo a Blu Radio que las EPS sí desaparecerán como pagadoras y que se trata de quitarles cargas y que por eso se les pedirá que se concentren a nivel territorial.
“No hay un tiempo decidido, cerrado, el tiempo será el necesario para que no haya traumatismos. El nuevo sistema entrará por territorios apartados, donde la situación es muy complicada”, señaló.
El respaldo de Petro a la reforma de Corcho habría sentado mal entre varios de los ministros del gabinete como el de Educación, Alejandro Gaviria; el de Hacienda, José Antonio Ocampo; la de Agricultura, Cecilia López, quien en el comienzo de su carrera presidió el ISS; y el propio director de Planeación Nacional, Jorge Iván González.
“Se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud, para que de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional, restableciendo este derecho en los territorios dispersos”, dijo Corcho en la presentación de la reforma.
A pesar de haber señaladado a las EPS de ‘facturar pero de no curar’, Corcho dijo que se van a “requerir las capacidades del sector privado en la prestación de servicios de salud, en sus clínicas, en sus hospitales. Lo que pasa es que, inclusive, deben mejorar las condiciones del sector privado, pero se les va a pagar de manera directa para que puedan hacer mejor su atención en salud”.
Puntualizó que “son cambios graduales” y que el proyecto de ley establece un “periodo de transición para ir haciendo los cambios de manera gradual, de tal manera que no se afecte a los colombianos”.
Sin el manejo de recursos, las EPS se encargarían de crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) después de la territorialización dispuesta en esta ley, cuya función no será solamente atender a los pacientes, sino organizar el territorio en un promedio de 25.000 personas por cada uno y distribuirlos según el lugar de vivienda o trabajo.
Con el cambio de rol de las EPS también desaparece su función de aseguradoras del riesgo. Hasta ahora, el Estado les pagaba una plata por persona (la Unidad de Pago por Capitación, la UPC).
Según Andrés Vecino, profesor e investigador de la Universidad John Hopkins y experto en salud, el articulado les quita a las EPS el aseguramiento y el riesgo lo asumirían los prestadores.
“Las entidades locales son una especie de aseguradoras con muchas restricciones y no me queda claro cómo puedan ejercer una gestión del riesgo con esas limitaciones”, le dijo Vecino a La Silla Vacía.
En adelante, un hospital recibirá de la Adres una cantidad de dinero por ciertos servicios que presta. Pero si una cirugía se complica y tiene que hacer más procedimientos, el hospital tendría que asumir ese costo adicional.
“Este nuevo diseño puede ser, en principio, favorable para las clínicas, hospitales y demás prestadores porque manejarían sus propios recursos. Sin embargo, elimina del sistema la función de velar científica y financieramente por el uso racional de los recursos. Eso, por el momento, no queda a cargo de ningún actor del sistema”.
Aunque según Corcho, la reforma incluye –entre otros aspectos– el impulso al modelo de prevención en salud, la dignificación de los trabajadores del sector, el fortalecimiento de los hospitales públicos y la recuperación de la administración pública de los recursos, para que el sistema de salud en Colombia sea eficaz, ágil, equitativo y sostenible en sus finanzas, a los expertos les preocupa cómo se hará la transición y han señalado que puede ser un suicidio.
En un documento que se filtró luego de una cumbre en Villa de Leyva, en la que participaron Petro y los miembros de su gabinete, Alejandro Gaviria planteó sus dudas sobre la reforma.
Sostiene que la concentración en centros de atención primaria (sin integrar a la actual red privada) puede ocasionar colas y mal servicio; que la Adres puede ser un buen girador directo, pero no un buen ordenador del gasto y que un control efectivo es indispensable para que la plata pública alcance; que es necesario calcular la transición entre sistemas que según Gaviria puede tomar décadas. Y que una reforma a la salud es necesaria, pero que debe hacerse sobre un diagnóstico claro.
Una vez presentado el proyecto, la pelota queda ahora en manos del Congreso donde los voceros de algunos partidos ya han expresado sus dudas, lo cual permite concluir que, a pesar del empujón del gobierno, la reforma tiene un largo camino por recorrer antes de ser aprobada.