El sistema educativo colombiano atraviesa una crisis silenciosa pero profunda. Según datos recientes del Ministerio de Educación, más de 725.000 estudiantes repitieron el año escolar, una cifra que pone en evidencia las grietas estructurales del modelo educativo, especialmente en los niveles de primaria y secundaria básica, donde se concentra la mayor repitencia.
Un síntoma de desigualdad
La repitencia escolar no es un simple indicador académico; es un reflejo directo de las desigualdades sociales y económicas. Los estudiantes más afectados provienen, en su mayoría, de zonas rurales, territorios con baja cobertura escolar o poblaciones vulnerables. Allí, el acceso a docentes capacitados, infraestructura adecuada y recursos pedagógicos sigue siendo precario.
Mientras en los colegios privados la repitencia es marginal, en las instituciones públicas las cifras se disparan. La pandemia profundizó esta brecha: miles de niños y adolescentes no lograron adaptarse a la educación virtual por falta de conectividad, equipos o acompañamiento familiar. Ahora, muchos de ellos están repitiendo el año escolar como consecuencia de un sistema que no ofreció alternativas reales de continuidad educativa.
Un costo que va más allá del aula
Repetir un año escolar tiene implicaciones económicas y sociales. Para el Estado, representa un aumento en los costos por estudiante; para las familias, significa más tiempo de permanencia en el sistema sin garantías de mejora. Y lo más preocupante: incrementa el riesgo de deserción escolar, especialmente entre adolescentes que deben trabajar o asumir responsabilidades familiares.
En el mediano plazo, esto afecta la productividad del país. Un estudiante que repite y luego abandona la escuela es menos propenso a acceder a empleos formales, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión.
¿Y las soluciones?
Aunque el Ministerio de Educación ha anunciado planes de nivelación y refuerzo, muchas de estas estrategias llegan tarde o no tienen el alcance necesario. El problema de fondo no es solo el rendimiento académico, sino la falta de políticas integrales que combinen acompañamiento psicosocial, formación docente, participación comunitaria y financiamiento estructural.
Es urgente repensar la forma en que se evalúa y se acompaña el aprendizaje. Castigar con la repetición a quienes enfrentan condiciones adversas no resuelve el problema: lo cronifica.
Una crisis que requiere voluntad política
Colombia no puede darse el lujo de normalizar estas cifras. Que más de 700.000 niños y jóvenes repitan el año es una señal de alarma que debería estar encabezando la agenda pública. La educación no puede seguir siendo un privilegio geográfico o económico; debe ser el motor de equidad y transformación que el país necesita.
Si no se actúa con decisión, estaremos perdiendo no solo estudiantes, sino el futuro mismo de una generación entera.