La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, expresó su preocupación por el alarmante incremento de la deforestación en Colombia. Según afirmó, este fenómeno está siendo impulsado por “colonizaciones dirigidas”, una estrategia de actores ilegales que promueven la ocupación de tierras protegidas mediante la participación de comunidades vulnerables.
Estas estructuras criminales estarían incentivando la tala indiscriminada de bosques en regiones clave como la Amazonía y el Chocó, con el objetivo de expandir la frontera agropecuaria, establecer cultivos ilícitos o controlar territorios estratégicos. La ministra enfatizó que estas acciones responden a intereses económicos que operan al margen de la ley, y no a dinámicas espontáneas de ocupación rural.
“Estamos viendo una operación sistemática que busca transformar ilegalmente el uso del suelo, afectando gravemente ecosistemas estratégicos para el país”, afirmó Muhamad. La funcionaria advirtió que este tipo de actividades comprometen directamente los esfuerzos de conservación y ponen en riesgo el ordenamiento ambiental del territorio.
Frente a esta situación, el Ministerio de Ambiente hizo un llamado a fortalecer la presencia institucional en las zonas afectadas. También se propuso avanzar en estrategias de inteligencia ambiental, cooperación judicial y diálogo con las comunidades para frenar el avance de la deforestación.
El gobierno señaló la importancia de articular una respuesta integral, en la que participen la Fuerza Pública, la Fiscalía, los entes territoriales y la sociedad civil. Según Muhamad, es clave ofrecer alternativas económicas sostenibles para evitar que las poblaciones sean utilizadas como herramienta de colonización ilegal.
En paralelo, el Ministerio reiteró su llamado a la comunidad internacional para respaldar las acciones de protección ambiental en Colombia. La Amazonía, por ejemplo, es una región esencial para la regulación climática del planeta, y su deterioro tiene implicaciones globales.
Colombia frente a sus compromisos ambientales internacionales
El aumento de la deforestación representa un serio obstáculo para que Colombia cumpla con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París y otras instancias multilaterales, como la COP.
La meta nacional de reducir a cero la deforestación neta para 2030 se ve amenazada por el accionar de estas redes ilegales. De no tomar medidas estructurales, el país podría enfrentar sanciones, pérdida de cooperación internacional e incluso afectar su reputación como líder regional en temas de transición ecológica.
En este contexto, la protección de los bosques no solo es una prioridad ambiental, sino también una necesidad política, económica y diplomática para el futuro del país.