El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca unificar la retención en la fuente del 1,5 % para todos los pagos electrónicos ha encendido las alarmas en el sector fintech. La propuesta pretende eliminar la diferencia entre los pagos realizados con tarjetas y aquellos efectuados por medios digitales como transferencias, códigos QR o billeteras virtuales —entre ellas Bre-B, Nequi o Daviplata—.
Hasta ahora, la retención solo aplicaba a los pagos con tarjetas, mientras que las operaciones digitales estaban exentas. Con el cambio, todas las transacciones electrónicas quedarían sujetas al mismo porcentaje de retención, y los agentes encargados de aplicarla serían los adquirentes o agregadores (es decir, las plataformas o pasarelas de pago), y no únicamente los bancos emisores.
El decreto exceptúa de la medida a las personas naturales no responsables de IVA, pero no a las pequeñas empresas formales que no cuentan con ICA o mecanismos de descuento, lo que, según los empresarios, podría generarles una retención efectiva sin posibilidad de compensación.
Para Baudo Pineda, CEO de Refácil, la iniciativa “va en contravía del esfuerzo que ha hecho el país por promover la inclusión financiera y la digitalización del dinero”. A su juicio, imponer retención a todas las operaciones electrónicas afectará directamente a los pequeños comercios, emprendimientos y negocios informales que apenas están transitando hacia la formalidad
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“Muchos negocios pequeños no podrán asumir esta carga sin un mecanismo de devolución o compensación. En la práctica, se castiga al que está intentando formalizarse y se incentiva el uso del efectivo”, señaló Pineda.
El empresario advierte que el efecto puede ser especialmente negativo para las plataformas que procesan pagos en línea o por QR, donde las transacciones suelen ser de bajo monto. “Un descuento del 1,5 % puede parecer poco, pero en comercios con márgenes estrechos representa una afectación considerable. En lugar de promover la digitalización, la medida la desestimula”, afirmó.
Una preocupación similar expresó Rodrigo León, CEO de Kamin, compañía que ha trabajado en la expansión del sistema de pagos Bre-B, impulsado por el Banco de la República. Según León, esta medida “haría que los medios de pago digitales pierdan fuerza frente al efectivo”, justo cuando el país intenta aumentar su adopción.
“Bre-B nació con el propósito de ofrecer una experiencia tan fácil y rápida como el uso del papel moneda. Si ahora cada pago tiene una retención automática, el atractivo del sistema se reduce y los comerciantes volverán a preferir el efectivo”, explicó.
León considera que la propuesta genera una carga operativa y económica innecesaria tanto para los comercios como para las fintech. “Las plataformas tendrían que invertir en adaptar sus sistemas para calcular, reportar y declarar la retención en cada transacción, recursos que podrían destinarse a mejorar la experiencia de pago o ampliar la cobertura”, agregó.
Además, advierte que el impacto puede extenderse a la dinámica de adopción de los pagos inmediatos en locales pequeños o informales, donde la liquidez diaria es esencial. “Estos comercios dependen de cada peso que entra. Si sienten que la retención afecta su flujo de caja, simplemente dejarán de aceptar medios digitales”, dijo.
El CEO de Kamin recordó que en países como Brasil, rumores sobre una posible retención al sistema PIX generaron una caída temporal en su uso en puntos de venta. “Cuando se introducen medidas que los comerciantes perciben como peajes al uso de los pagos digitales, la reacción natural es volver al efectivo”, puntualizó.
Tanto Refácil como Kamin coinciden en que la retención unificada no es la vía para formalizar la economía. Por el contrario, piden eliminarla de todos los medios de pago y sustituirla por incentivos que promuevan la adopción digital.
“En lugar de gravar las transacciones, el Gobierno debería buscar mecanismos que impulsen la formalización mediante la digitalización, no que la castiguen”, concluyó León.
El sector fintech espera que el Ministerio de Hacienda escuche las observaciones antes de aprobar el decreto definitivo, pues temen que una medida diseñada para igualar condiciones termine frenando uno de los avances más importantes del sistema financiero colombiano en los últimos años: la masificación de los pagos electrónicos.
