En su última edición, la revista analiza los primeros seis meses del gobierno y lo califica de voluble. Se pregunta cómo gobernará cuando se deteriore su popularidad y cómo actuará si se frustran sus reformas.
Luego de seis meses en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro sigue dividiendo a la opinión pública del país. Por un lado, están quienes apoyan en forma irrestricta un ambicioso programa de reformas económicas y sociales que buscan darle un revolcón al país; por el otro, hay amplios sectores de la opinión que temen un debilitamiento del estado de derecho y un deterioro irreversible de la economía.
Así lo señala un extenso artículo de The Economist que describe a su gabinete como una mezcla incómoda de activistas y figuras más centristas, lo describe (a Petro) como inteligente pero errático y dogmático, y critica su obsesión de gobernar por Twitter.
“Es un gobierno confuso, pero no amenazante, o al menos sus amenazas no son creíbles”, dice Fernando Cepeda, exministro y politólogo.
“Los empresarios no planean irse, pero tampoco planean invertir más”, dijo Jaime Alberto Cabal, quien dirige Fenalco y se queja de que los aumentos de impuestos y un arancel de importación del 40% sobre la ropa y el calzado perjudicarán los puestos de trabajo.
La revista analiza las reformas que Petro espera sacar adelante (salud y pensional) en el Congreso y su iniciativa de paz total.
En materia económica, contrasta el pragmatismo del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, con las promesas de Petro de detener toda nueva exploración de petróleo, gas y carbón, que entre ellos proporcionan alrededor del 40% de las exportaciones de bienes de Colombia y una gran parte de los ingresos del gobierno.
Para cumplir con su objetivo bajo el acuerdo de París de reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030 y convertirse en carbono neutral para 2050, Colombia necesita duplicar su producción de gas natural y quintuplicar la producción de electricidad para 2040, dice Tomás González, exministro de energía. En lugar de detener la exploración de gas, argumenta que el gobierno debería actuar más rápido para reducir los subsidios a los combustibles fósiles, que Duque permitió que se dispararan.
Sobre la reforma a la salud recuerda que la Constitución de 1991 creó un sistema basado en un seguro universal con subsidios para las personas más pobres, como en Francia o los Países Bajos. El presidente y su ministra de salud quieren reemplazarlo con un esquema público financiado por los contribuyentes. El sistema existente tiene problemas, como la falta de competencia, pero funciona.
El análisis recoge las opiniones del presidente del Congreso y aliado de Petro, Roy Barreras, quien destaca que ningún colombiano tuvo que vender su casa o auto para pagar las facturas del covid, a diferencia de Estados Unidos.
Los proveedores de salud privados subvencionados públicamente manejan 1.000 millones de recibos al año. Abolirlos corre el riesgo de ser un caos, dice la revista a quien Barreras le dijo que trabajará para reformar el sistema existente en lugar de desecharlo.
Petro también quiere abolir los fondos privados que administran las contribuciones a las pensiones de los trabajadores, en lugar de complementarlos con un plan público, recuerda la revista. “La incertidumbre sobre sus planes golpeó al peso, que se depreció un 18 % frente al dólar entre la toma de posesión de Petro en agosto y el 7 de noviembre, un mínimo, aunque desde entonces se ha recuperado un 8 %. La economía es vulnerable al sentimiento del mercado. Colombia sufre de déficit gemelos”.
Y aunque el presidente sigue siendo bastante popular y, por ahora, tiene una mayoría legislativa, la publicación se pregunta cómo se comportará si pierde estos activos.
“Algunos detectan rasgos narcisistas y megalómanos en su personalidad. Es inteligente, como dice varias veces en su autobiografía. Pero también puede ser dogmático. Un gran temor es cómo reaccionará si se siente frustrado. En esas circunstancias, el reflejo del populista es arremeter contra las restricciones institucionales, aunque las instituciones y tradiciones políticas de Colombia son bastante sólidas.