La inflación en Colombia cerró noviembre con un respiro, luego de cuatro meses consecutivos de repuntes. Según el más reciente informe del DANE, la variación anual del IPC se ubicó en 5,3%, moderándose frente al 5,5% registrado en octubre. Aunque el dato sugiere un posible retorno a la senda de desaceleración, el país aún enfrenta presiones inflacionarias superiores a las observadas un año atrás: la inflación año corrido alcanzó 4,8%, ligeramente por encima del 4,7% del mismo periodo en 2024.
El comportamiento anual estuvo marcado por tres divisiones de gasto que en conjunto explicaron el 67,2% del incremento de los precios. Alojamiento y servicios públicos lideró el resultado, aportando 1,6 puntos porcentuales (pp), impulsado principalmente por arriendo imputado y arriendo efectivo. Alimentos contribuyó con 1,1pp, donde la carne de res y el café fueron los productos de mayor incidencia. Restaurantes y hoteles sumó 0,8pp, reflejo del encarecimiento de comidas en establecimientos de mesa y autoservicio.
En términos mensuales, la inflación registró una variación de 0,07%, lo que representa una desaceleración de 11 puntos básicos frente a octubre. La división de alojamiento y servicios públicos volvió a ser la de mayor contribución, seguida por restaurantes y hoteles y por transporte, este último afectado por el comportamiento de los combustibles.
El dato de noviembre adquiere un papel determinante en dos decisiones económicas clave que cerrarán 2025. En primer lugar, se convierte en una referencia central para la negociación del incremento del salario mínimo de 2026. En segundo lugar, será un insumo crítico para la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) en su reunión de diciembre, donde se definirá la postura de política monetaria y el rumbo de la tasa de interés.
El análisis de 21 rubros con alto grado de indexación muestra una relación positiva entre los aumentos del salario mínimo y la aceleración de los precios, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como educación, salud, servicios domésticos y transporte. Entre los ejemplos más sensibles se encuentran las matrículas escolares, las cuotas moderadoras, las guarderías, los servicios de peluquería y los pagos por servicios de apoyo en el hogar.
El comportamiento del transporte también refleja esta sensibilidad, particularmente en los tiquetes urbanos y en tarifas asociadas a la administración en propiedad horizontal. Incluso los precios tope de la vivienda VIS y VIP están atados al salario mínimo, lo que dificulta el acceso a vivienda para los hogares de menores ingresos.
Aunque existen excepciones —como los años 2020 y 2021, alterados por los efectos de la pandemia y los choques globales de oferta— la tendencia general confirma que incrementos del salario mínimo por encima de la inflación tienden a amplificar presiones inflacionarias, especialmente en servicios regulados.
Este panorama plantea un desafío adicional para el debate salarial de 2026. Un aumento significativo podría estimular nuevas presiones de precios en el primer semestre del próximo año, dificultando la tarea del Banco de la República en su objetivo de llevar la inflación hacia el rango meta. Además, la alta informalidad laboral limita el alcance del salario mínimo como herramienta de política social: más de la mitad de los trabajadores no se benefician directamente de esta regulación.
En consecuencia, la discusión deberá equilibrar el poder adquisitivo de los trabajadores formales con los riesgos macroeconómicos de una indexación excesiva. El país enfrenta así un delicado ejercicio de calibración entre las aspiraciones sociales y la estabilidad de precios, en un contexto donde persisten tensiones inflacionarias y desafíos estructurales en materia de empleo formal.
