La demoledora crítica de los ministros disidentes a la reforma a la salud del gobierno

Feb 26, 2023

Los titulares de Hacienda, Educación y Agricultura, y el jefe de Planeación  Nacional, en un documento de 17 páginas critican el impacto fiscal del proyecto y sostienen que debe ser tramitado como una ley estatutaria. 

“Si este documento se filtra,la reforma se cae”, dijo el propio presidente, Gustavo Petro, al conocer un análisis de 17 páginas en el que se hace reparos de naturaleza fiscal y constitucional al proyecto presentado por el Ministerio de Salud.

El documento, suscrito por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; el de Educación, Alejandro Gaviria; la de Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González plantea que, por tratarse de una reforma de hondo calado, que afecta derechos constitucionales, debe ser tramitado como una ley estaturaria. 

Esto implica que deberá expedirse en una sola legislatura, es decir, durante el periodo de tiempo establecido para que el Congreso se reúna en sesiones ordinarias (del 20 julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio del siguiente año); deberá ser revisada por la Corte Constitucional luego de ser aprobada por el Congreso; y no puede tramitarse a través de facultades extraordinarias que sean concedidas al Presidente.

Esta tesis ya había sido expuesta expertos en derecho constitucional, como el senador Humberto De la Calle, quien ha dicho que la ley (si es aprobada) se va a caer por haber sido presentada en sesiones extraordinarias.

Pero además los funcionarios cuestionan el impacto fiscal del proyecto. Según estiman, su costo fiscal (a precios de hoy) sería de $16,9 billones para el primer año; para el segundo, de $21.8 billones, y para el tercero $24,4 billones. Entre 2026 y 2030 el costo asumulado podría superar los $151,7 billones.

Advierten, además, que estos costos no tienen en cuenta el gasto derivado de otras medidas como la eliminación de copagos y cuotas moderadoras ($0.95 billones), acceso total a los servicios de salud para turistas y migrantes irregulares ($6.1 billones), prestaciones económicas universales ($2.53 billones) y unificación de UPC de los regímenes contributivo y subsidiado ($3.23 billones).

En total, según advierten, estas medidas -que sugieren eliminar- suponen un costo fiscal del orden de $12,81 billones. 

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