A raíz del reciente fallo de la Corte Constitucional que eliminó las restricciones a la venta de aguardientes en varias regiones, el departamento de Nariño se erige como pionero al autorizar la comercialización del Aguardiente Amarillo de Manzanares y el Aguardiente Cristal, productos emblemáticos de la Industria Licorera de Caldas (ILC).
La Gobernación de Nariño otorgó el permiso tras una exhaustiva revisión y cumplimiento de los trámites legales, lo que permitió a la ILC, liderada por su gerente general Diego Angelillis Quiceno, prepararse de manera integral en áreas de planeación, abastecimiento, producción y mercadeo para enfrentar este nuevo escenario en tiempo récord. Según Angelillis Quiceno, “este hito representa un avance significativo en la expansión de nuestra presencia en el mercado, permitiendo a los nariñenses disfrutar de la calidad y tradición de nuestro aguardiente” .
Además del beneficio directo para la industria licorera, la decisión abre un debate sobre el impacto de la liberalización del mercado de bebidas alcohólicas. Por un lado, se destaca la oportunidad de generar mayores recursos para el departamento mediante el incremento de la recaudación impositiva derivada del mayor consumo, lo que podría favorecer el desarrollo local. Por otro lado, la medida reafirma el derecho de los ciudadanos a elegir libremente el aguardiente de su preferencia sin restricciones impuestas por las autoridades.
La apertura del mercado en Nariño no solo marca un precedente regional, sino que también sienta las bases para que otros departamentos exploren alternativas similares. Con la pronta incorporación de este portafolio de productos en diversos canales de venta —que abarcan desde bares y restaurantes hasta grandes superficies y tiendas—, se espera que la iniciativa impulse tanto la economía local como el fortalecimiento de una tradición cultural que ha caracterizado a la industria licorera en Colombia.
Esta noticia, enmarcada en un contexto de modernización y apertura comercial, invita a reflexionar sobre la relación entre regulación estatal, derechos de los consumidores y el dinamismo económico regional.