Colgas implementó un modelo de pago acelerado a proveedores mipyme que va más allá de la Ley de Pago en Plazos Justos, cuyo límite máximo es de 45 días.
En Colombia, hablar de crecimiento empresarial suele llevar la conversación hacia financiación, innovación, formalización o productividad. Sin embargo, hay un factor menos visible que puede marcar la diferencia entre la estabilidad y la fragilidad financiera de una micro, pequeña o mediana empresa: el tiempo que tarda en recibir el pago por sus productos o servicios.
Para una mipyme, cobrar a 60 o 90 días no es un asunto menor. En la práctica, significa financiar con su propio capital de trabajo la operación de un cliente más grande, asumir costos financieros adicionales y limitar su capacidad para pagar nómina, comprar inventario, invertir o crecer.
En ese contexto, Colgas decidió implementar un modelo de pago a 7 días para proveedores mipyme, una medida que supera ampliamente lo exigido por la Ley de Pago en Plazos Justos, que establece un plazo máximo de 45 días para el pago a proveedores.
La iniciativa benefició en 2025 a 1.419 pequeñas y medianas empresas en diferentes regiones del país. Durante ese año, la compañía gestionó 24.337 facturas emitidas por micro, pequeños y medianos proveedores bajo este nuevo esquema.
Más que una modificación operativa, la decisión plantea una discusión relevante para el tejido empresarial colombiano: el papel que pueden cumplir las grandes compañías en la liquidez y sostenibilidad de sus cadenas de suministro.
“Esta iniciativa parte de una convicción de fondo: si queremos potenciar el espíritu emprendedor, también debemos hacerlo desde la forma en que nos relacionamos con quienes hacen posible nuestra operación. Al acelerar los pagos, buscamos reducir la dependencia de financiamiento de corto plazo, dar mayor capacidad operativa a nuestros proveedores y construir relaciones comerciales más justas, sostenibles y de largo plazo”, explicó Luis Felipe Ocampo, gerente legal y de asuntos corporativos de Colgas.
Flujo de caja: el punto crítico para las mipymes
El pago oportuno tiene un impacto directo en la caja de las empresas más pequeñas. Cuando los pagos se extienden demasiado, las mipymes suelen acudir a créditos de corto plazo, factoring u otros mecanismos de financiación para cubrir gastos operativos mientras esperan el ingreso de sus facturas.
Ese costo no siempre es evidente para el comprador, pero sí pesa en la rentabilidad del proveedor. A menor capacidad financiera, mayor vulnerabilidad ante retrasos, incumplimientos o choques de mercado.
Por eso, modelos como el de pago a 7 días pueden convertirse en una herramienta concreta de fortalecimiento empresarial. No se trata únicamente de pagar antes, sino de mejorar la capacidad de planeación, reducir presiones financieras y permitir que los proveedores operen con mayor estabilidad.
La discusión cobra relevancia si se tiene en cuenta que las mipymes representan alrededor del 95% del tejido empresarial del país y aportan cerca del 35% del PIB. En otras palabras, mejorar sus condiciones de liquidez no solo beneficia a cada proveedor individualmente, sino que puede tener efectos sobre empleo, productividad y desarrollo regional.
Una brecha entre la norma y la práctica
Aunque Colombia cuenta con la Ley de Pago en Plazos Justos, el reto sigue estando en su apropiación y efectividad. De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo citado por la compañía, esta ley era conocida solo por el 51% de las 515 empresas encuestadas, mientras que el 56,8% consideró que los tiempos de pago no habían mejorado tras su implementación.
Esto muestra que el cumplimiento normativo, aunque necesario, no siempre es suficiente para transformar las prácticas comerciales. Para muchas mipymes, el problema no es únicamente la existencia de una regla, sino la capacidad real de negociar mejores condiciones frente a clientes de mayor tamaño.
En ese punto, las grandes empresas tienen un margen de acción relevante. La forma en que pagan, contratan y se relacionan con sus proveedores puede convertirse en una extensión de sus políticas de sostenibilidad, responsabilidad empresarial y desarrollo económico.
Cómo se implementa un modelo de pago acelerado
Pagar a 7 días no depende solamente de una decisión financiera. Para Colgas, el proceso implicó rediseñar parte de su operación interna, adaptar la plataforma de recepción de facturas, agilizar la identificación de proveedores mipyme e implementar indicadores de gestión para detectar cuellos de botella.
La compañía también fortaleció el seguimiento a cada etapa del proceso, con el fin de evitar retrasos administrativos que pudieran afectar el cumplimiento del nuevo plazo.
Este punto es clave porque muchas demoras en los pagos no se originan necesariamente en falta de recursos, sino en procesos internos lentos, reprocesos, errores en la recepción de facturas, validaciones manuales o ausencia de indicadores claros.
Desde esa perspectiva, el pago oportuno también se convierte en una conversación sobre eficiencia corporativa. Una empresa que logra pagar más rápido no solo ayuda a sus proveedores; también mejora su propia operación, reduce fricciones administrativas y fortalece la confianza dentro de su cadena de abastecimiento.
“Pagar más rápido no es solo una buena práctica administrativa; es una decisión que fortalece la liquidez de los proveedores, mejora la sostenibilidad de la cadena de suministro y materializa el propósito de potenciar el espíritu emprendedor desde la relación comercial. Por eso creemos que este no debería ser un esfuerzo aislado: ojalá más empresas en Colombia se sumen a modelos de pago más ágiles, porque cuando una gran empresa paga mejor, no solo fortalece a sus proveedores, sino que ayuda a fortalecer todo el tejido empresarial del país”, señaló Ocampo.
Una práctica con impacto reputacional y económico
El caso de Colgas también abre una lectura desde la gestión empresarial y reputacional. En un entorno donde las compañías son evaluadas no solo por sus resultados financieros, sino también por la manera en que generan valor en su ecosistema, las políticas de pago empiezan a convertirse en un indicador de coherencia corporativa.
Una empresa puede hablar de sostenibilidad, inclusión productiva o apoyo al emprendimiento, pero esas declaraciones adquieren mayor fuerza cuando se traducen en prácticas concretas con impacto directo sobre terceros.
Para las mipymes proveedoras, recibir pagos en menor tiempo puede significar más capacidad para invertir, cumplir obligaciones, contratar personal o sostener su operación sin depender de financiación costosa. Para la gran empresa, puede representar relaciones comerciales más estables, proveedores más sólidos y una cadena de suministro menos vulnerable.
En un país donde buena parte del tejido empresarial está compuesto por negocios pequeños y medianos, avanzar hacia esquemas de pago más ágiles puede ser una medida de competitividad. No solo porque mejora la liquidez de los proveedores, sino porque ayuda a construir relaciones comerciales más equilibradas y sostenibles.
La apuesta de Colgas muestra que la discusión sobre el desarrollo de las mipymes no depende únicamente de créditos, programas públicos o incentivos tributarios. También pasa por decisiones empresariales concretas: pagar mejor, pagar más rápido y entender que la salud financiera de los proveedores también hace parte de la salud del negocio.
