Este lunes el gobierno revelará el texto de la reforma a la salud. Aunque se mantienen las EPS, expertos hagan advertido que desechar lo construido por el actual sistema de salud sería un suicidio.
El pasado jueves, ante los alcaldes de las ciudades capitales, el presidente Gustavo Petro anunció que la reforma al Sistema de Salud se presentará al Congreso este lunes.
Petro señaló que actualmente el sistema ofrece un aseguramiento individual, pero “no hay una salud familiar”.
Y reiteró que el modelo que se propone tiene como uno de sus pilares la atención primaria y la prevención, por medio de los Centros de Atención Primaria (CAP), organizados en el territorio nacional.
“El proyecto tiene un pilar, que tiene varios puntos esenciales, sin el cual no hay un cambio en la salud. Esto no es simplemente mejorar la latonería, no es que entra a latonería y pintura el sistema de salud. Ha entrado como 10.000 veces desde que yo soy congresista. Nunca ha podido salir algo que genere estructuralmente una solución. Los problemas estallan cada año”, agregó.
“Entonces vamos a cambiar. Primer pilar fundamental, tener un modelo preventivo y de atención primaria fuerte”, sostuvo.
Y aunque una de las banderas de la ministra de Salud, Carolina Corcho, ha sido la eliminación de las EPS, el Gobierno, por intermedio del ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que “el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS y tampoco les pone un término de subsistencia”.
Al término de una reunión con el gremio de las EPS en la Casa de Nariño, Acemi, el propio Petro calificó de excelente el encuentro. “Hay voluntad de pasar el nuevo modelo. Valoran las EPS la necesidad de implementar el modelo de salud preventiva y atención primaria en toda Colombia”.
Pero, ¿cuáles son los puntos que preocupan a los expertos en salud?
Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud y titular de la cartera de Educación del actual gobierno, plantea que desechar lo construido por el actual sistema de salud (durante los últimos 30 años) sería un suicidio.
En un documento que se filtró luego de una cumbre en Villa de Leyva, en la que participaron Petro y los miembros de su gabinete, Gaviria plantea sus dudas sobre la reforma.
Sostiene que la concentración en centros de atención primaria (sin integrar a la actual red privada) puede ocasionar colas y mal servicio; que la Administradora de los Recursos, Adres, puede ser un buen girador directo, pero no un buen ordenador del gasto y que un control efectivo es indispensable para que la plata pública alcance; que es necesario calcular la transición entre sistemas que según Gaviria puede tomar décadas. Y que una reforma a la salud es necesaria, pero que debe hacerse sobre un diagnóstico claro.
De hecho, la Gran Encuesta de Salud realizada por Invamer y financiada por la Asociación Nacional de Industriales (Andi) reveló que solo el 32% de los colombianos cree que el sistema de salud debe cambiar totalmente, el 58% piensa que debe tener algunos ajustes y el 9% que debe permanecer como funciona actualmente.
En cuanto a los cambios que debería tener, el 45% pide que haya mayor agilidad, el 40% reclama que se mejore la atención del personal, y el 16% cree que debe aumentar la oferta y cantidad de hospitales y centros de atención en el país.
Sobre la propuesta de eliminar las EPS y que su función sea ejecutada por una entidad pública, el 63% está en desacuerdo y el 32% cree que deben ser eliminadas. Al 54% le preocupa mucho que los recursos de salud sean administrados por entidades públicas, como el gobierno o el Ministerio de Salud; al 26% le preocupa moderadamente y al 17% no le preocupa nada.
En un documento reciente, Gestarsalud, gremio de EPS con énfasis en el régimen subsidiado, elaboró este análisis técnico a algunos puntos que han trascendido de la reforma. El mensaje es claro: la reforma a la salud pondría en riesgo muchos de los avances que ha alcanzado el país en los últimos 30 años.
Según el análisis, si se eliminan las EPS (incluso las mejor calificadas) sus funciones serían asignadas a otras entidades sin experiencia y se crearía, de fondo, un monopolio público en manos de la Adres. La gente ya no podría elegir quién lo afilia y no se sabe con claridad quién va a responder por usted y sus necesidades.
«Se regresaría así a muchos de los problemas del Seguro Social, que en su momento no fue capaz de gestionar la salud de tres millones de personas, pero ahora sería peor porque la Adres, que no sabe ser EPS, tendría que responder por la salud de 51 millones».
“La Adres no tiene los procesos ni los sistemas de información, ni la experiencia ni los recursos humanos para hacer este proceso, como sí lo tienen las EPS. La plata de la salud estaría expuesta a las dinámicas de la política local. Para reemplazar la función de las EPS aumentarían la burocracia estatal y los cargos públicos, así como el riesgo de corrupción y politización”.