Según la Alianza In, más de 80 mil trabajos de personas que operan como repartidores a través de plataformas digitales podrían perder su principal fuente de sustento.
«Acá el dilema no es entre la desprotección y la protección social, porque sí se puede proteger a los más de 120.000 domiciliarios que trabajan en Colombia sin arriesgar sus ingresos”, señaló José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, que aglutina a plataformas como Rappi y las de movilidad.
Según el directivo, a pesar de las críticas que recibe, el sector cumple una función social para varios grupos poblacionales y está comprometido y listo para darse la pela y mejorar la formalización y protección de los repartidores”.
Sin embargo, agregó, la reforma debe innovar y dar oportunidades a gran escala, sin cometer irresponsabilidades.
López reveló las propuestas que se le hicieron al Gobierno Nacional y que no se tuvieron en cuenta en el documento radicado ante el Legislativo:
• Pagar la afiliación a riesgos laborales de repartidores que ganen más del equivalente a un salario mínimo.
• Pagar un paquete de seguros que cubra accidentes, salud, RCE, entre otras, obligatorio para los repartidores que ganen menos del equivalente a un salario mínimo.
• Concurrencia entre trabajadores y empresas para pagar salud y pensión.
Agregó que la propuesta del Gobierno Nacional busca implementar la laboralidad forzosa, lo que significaría que las empresas que administran las plataformas tendrían que contratar a todos los repartidores, con subordinación, horario e ingreso fijo, acabando con la principal y más efectiva fuente de trabajo, que permite tener determinación del tiempo.
“Se le pone una bomba atómica a una industria que produce auto-empleo a gran escala. Si me quedo desempleado hoy, puedo trabajar mañana como repartidor. Pero si se aprueba la reforma laboral como viene, me tocaría enviar una hoja de vida y esperar a ver si me llaman”, agregó.
López señaló, además, que las empresas más afectadas serían las plataformas locales y medianas.
“Hay más de 75 mil comercios aliados, con 2,5 millones de usuarios y más de 7 millones de órdenes mensuales. Todo este ecosistema se vería afectado muy duramente”
Finalmente, invitó al Gobierno y al Congreso a reflexionar y a estudiar el tema. “Podríamos cometer una masacre laboral sin precedentes”, concluyó.