El presidente Gustavo Petro decretó el 18 de marzo de 2025 como día cívico en todo el país, medida que busca incentivar un paquete de reformas que se han estancado en el Congreso. Según Petro, el día cívico será comparable a una jornada electoral, en la que se fomentará la movilización ciudadana para ejercer el derecho a la protesta pacífica y exigir cambios estructurales.
La medida contempla la suspensión temporal de las actividades laborales en aquellas entidades públicas cuyos servicios no resulten esenciales, lo que permitirá a los funcionarios unirse a las manifestaciones de apoyo a las reformas. Sin embargo, algunas de las ciudades más importantes, como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Villavicencio, han decidido mantener su funcionamiento habitual para asegurar la prestación de servicios básicos y evitar alteraciones en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Este día cívico se enmarca en un contexto de alta demanda social por un cambio político y social, en el que el Gobierno de Petro intenta canalizar el descontento popular y promover una mayor participación ciudadana en el debate sobre el futuro del país. Mientras tanto, la decisión de algunas ciudades de no acogerse a la medida refleja una cautela administrativa que busca equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de mantener el orden y la continuidad de los servicios esenciales.
