El reciente decreto del presidente Gustavo Petro que convoca a una consulta popular ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos del país, que lo califican como un intento de “autogolpe de Estado”. La medida fue anunciada el miércoles por la noche y plantea llevar a las urnas un paquete de reformas sociales en salud, pensiones y trabajo, cuya aprobación en el Congreso ha enfrentado trabas y dilaciones.
El decreto presidencial —que ordena al Ministerio del Interior adelantar el trámite ante la Registraduría Nacional— establece como objetivo consultar al pueblo colombiano sobre los principales ejes del programa de gobierno del Pacto Histórico. Aún no se ha definido la fecha ni el contenido exacto de las preguntas, pero desde la Casa de Nariño aseguran que se busca “profundizar la democracia directa”.
La oposición, sin embargo, advierte que el decreto vulnera la separación de poderes y representa una vía para imponer reformas que no han tenido consenso legislativo. Partidos como Cambio Radical, el Centro Democrático y sectores liberales lo consideran inconstitucional y han anunciado acciones legales para frenar su implementación. Incluso voces moderadas han manifestado preocupación por la ambigüedad del mecanismo y su posible instrumentalización política.
Analistas jurídicos recuerdan que la Constitución permite consultas populares nacionales, pero advierten que su uso requiere estrictos controles, especialmente cuando involucra materias reservadas al Congreso. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional podrían entrar a revisar el alcance legal del decreto.
Este nuevo pulso institucional se suma a las crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y plantea dudas sobre la gobernabilidad de lo que resta del mandato presidencial.
