Una decisión judicial volvió a poner los pasaportes colombianos en el centro del debate nacional. Esta vez, sin embargo, el mensaje para quienes necesitan viajar, renovar su documento o iniciar el trámite es claro: no se ha anunciado la suspensión de la expedición de pasaportes y el Gobierno asegura que existe inventario suficiente para mantener el servicio durante los próximos meses.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, además de los acuerdos derivados de estos, mientras obtiene información detallada sobre la operación del nuevo modelo. La decisión fue adoptada dentro de una acción popular y el Tribunal concedió un plazo para recibir información sobre aspectos como producción, infraestructura, operación y disponibilidad de las libretas.
La decisión judicial no significa, por sí misma, que los colombianos hayan quedado sin posibilidad de solicitar el documento. Pero sí introduce una variable crítica: cómo mantener funcionando la cadena de personalización, distribución y expedición mientras se resuelve el futuro jurídico y contractual del sistema.
Un inventario que compra tiempo
El Gobierno sostiene que tiene margen para evitar una interrupción inmediata.
El canciller Omar Bula Escobar informó que se dispone de un inventario proyectado de 600.000 pasaportes: 410.000 disponibles y otros 190.000 cuya llegada había sido anunciada, una cantidad que, según el Ejecutivo, permitiría cubrir más de cuatro meses de demanda.
La cifra es fundamental porque convierte el inventario en el principal amortiguador frente a la controversia judicial.
El objetivo del Gobierno es evitar que la incertidumbre provoque una reacción masiva de ciudadanos intentando anticipar trámites en gobernaciones, oficinas de pasaportes o consulados.
“No se van a agotar”, fue, en esencia, el mensaje transmitido por la Cancillería al pedir calma y señalar que el Ejecutivo trabaja en una solución que garantice la continuidad del servicio.
Pero contar con libretas no resuelve por completo el problema.
La pregunta clave: ¿se pueden personalizar las libretas disponibles?
Ahí está uno de los puntos más importantes de esta historia.
El 10 de septiembre, una semana después de conocerse la medida cautelar, la Cancillería solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una aclaración sobre el alcance de la decisión. En particular, pidió precisar si la Imprenta Nacional puede continuar personalizando las libretas que ya se encuentran disponibles, pese a la suspensión provisional de los convenios.
No es un detalle menor.
Una libreta en blanco disponible en inventario no equivale todavía a un pasaporte listo para entregar. El documento debe ser personalizado con la información correspondiente y atravesar los procedimientos de seguridad y expedición establecidos.
Por eso, la discusión pasó de cuántos pasaportes existen a una pregunta mucho más determinante: qué operaciones puede continuar realizando el Estado bajo las condiciones establecidas por el Tribunal.
La Cancillería también informó que adelanta actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales, tecnológicas y logísticas para garantizar la prestación del servicio mientras define una solución de fondo. De acuerdo con información conocida sobre la comunicación enviada al Tribunal, ese proceso podría requerir alrededor de tres meses.
De un cambio de modelo a una prueba para el Estado
La controversia tiene antecedentes.
El nuevo esquema de pasaportes había sido diseñado para que la Imprenta Nacional de Colombia asumiera progresivamente un papel central en la personalización y producción del documento, con cooperación tecnológica de la Imprensa Nacional–Casa da Moeda de Portugal.
La transición comenzó en 2026. El modelo contemplaba inicialmente la fabricación de las libretas por parte de la entidad portuguesa y la personalización en Colombia, con una transferencia gradual de capacidades para avanzar hacia una mayor producción nacional.
Ahora ese esquema enfrenta una prueba jurídica que obliga al actual Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella a administrar un modelo heredado y, simultáneamente, garantizar que un servicio esencial para millones de ciudadanos no se interrumpa.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, ha insistido en que el Ejecutivo cumplirá las decisiones judiciales y buscará las herramientas necesarias para mantener la atención.
Lo que deben saber los ciudadanos
Por ahora, el escenario no justifica una carrera por obtener un pasaporte.
El Gobierno mantiene la posición de que existe inventario suficiente y que continuará garantizando el servicio. La situación que debe observarse no es un agotamiento inmediato de libretas, sino la capacidad institucional para resolver el modelo de producción, personalización y distribución antes de que se reduzca significativamente el inventario existente.
Y ese será el verdadero desafío.
Los próximos meses medirán algo más que la capacidad de imprimir un documento. Pondrán a prueba la coordinación entre justicia, Gobierno, Cancillería e Imprenta Nacional alrededor de un servicio directamente relacionado con la movilidad internacional de los colombianos.
Las 600.000 libretas anunciadas le dan tiempo al Estado. La pregunta ahora es cómo utilizará ese tiempo.
