La iniciativa articula a residentes, administradores, vigilantes, empresas y entidades públicas en una localidad que registró más de 9.500 atenciones de la Secretaría de la Mujer durante los primeros cinco meses de 2026.
La prevención de las violencias contra las mujeres está empezando a trasladarse a un escenario particularmente cercano a la vida cotidiana: los conjuntos residenciales.
En Bosa, ocho copropiedades de la ciudadela La Marlene hacen parte de una iniciativa que busca que administradores, equipos de vigilancia, trabajadores de servicios generales, comités de convivencia y residentes aprendan a identificar señales de riesgo y, especialmente, sepan cómo orientar a una mujer hacia los canales institucionales disponibles.
La intervención surge de una alianza entre la Secretaría Distrital de la Mujer y Cusezar, a través de su programa EntreVecinos, y se desarrolla bajo la estrategia distrital Redes Seguras en Propiedad Horizontal. En su jornada territorial más reciente participaron 503 personas y 79 mujeres fueron vinculadas directamente a servicios de la entidad.
La iniciativa cobra relevancia por el lugar donde se está desarrollando.
Entre enero y mayo de este año, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 9.529 atenciones en Bosa, cifra que convirtió a esta localidad en la cuarta con mayor demanda de servicios de la entidad en Bogotá.
Una problemática que va más allá de Bosa
Las cifras de la capital muestran la dimensión del desafío. Durante los primeros cinco meses de 2026, la Secretaría de la Mujer realizó 172.311 atenciones, de las cuales 110.209 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia contra las mujeres.
Eso significó 22.838 atenciones adicionales frente al mismo periodo de 2025, un incremento del 15 %.
Aunque Bogotá también reportó una reducción en los feminicidios —de diez casos entre enero y mayo de 2025 a siete en igual periodo de 2026—, tres de los siete casos de este año ocurrieron en Bosa.
Otro indicador evidencia la necesidad de fortalecer la prevención temprana. Entre enero y abril, Medicina Legal realizó 1.254 valoraciones por riesgo de feminicidio en Bogotá y 546, equivalentes al 43 %, fueron clasificadas como de riesgo extremo. Cuatro de cada diez valoraciones se concentraron en Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba.
Es precisamente frente a esa realidad que la estrategia busca acercar las rutas institucionales al lugar donde viven las personas.
De la administración del edificio a la construcción de redes
Redes Seguras en Propiedad Horizontal fue diseñada para capacitar a actores que tienen contacto permanente con las comunidades residenciales, entre ellos administradores, personal de seguridad y comités de convivencia.
Su función no es reemplazar a la Policía, las autoridades judiciales o los profesionales encargados de atender los casos, sino ayudar a reconocer situaciones de alerta, entregar información adecuada y facilitar el acceso a la Ruta Única de Atención para Mujeres Víctimas de Violencias.
La estrategia comenzó a implementarse en Bogotá en 2025 y ha encontrado en las empresas privadas un mecanismo para ampliar su alcance. Para noviembre de ese año ya había llegado a 26 conjuntos residenciales y 42 puntos comerciales mediante diferentes alianzas.
El caso de La Marlene muestra cómo este modelo puede incorporarse también a la gestión social asociada al desarrollo de proyectos de vivienda.
La primera intervención se realizó en mayo pasado durante una feria de emprendimiento, en la que fueron atendidas más de 300 personas y se activaron cinco rutas de atención que permanecían en seguimiento al momento de elaboración del reporte.
Posteriormente fueron capacitados trabajadores de las administraciones, vigilancia y servicios generales de los conjuntos. El 8 de julio se realizó una nueva jornada con entidades de Mujer, Seguridad, Salud, Integración Social, Hábitat, TransMilenio, Policía y la Alcaldía Local.
Ese día, además de las 79 mujeres vinculadas a la oferta del sector Mujer, se realizaron diez atenciones psicosociales y 23 orientaciones de escucha activa, entre otros servicios.
La vivienda después de la entrega
Para el sector constructor, experiencias como esta abren una discusión que supera la construcción física de los proyectos: qué ocurre con las comunidades una vez empiezan a habitar los desarrollos inmobiliarios.
Seguridad, convivencia, acceso a servicios públicos, resolución de conflictos, apropiación del espacio y articulación con las instituciones forman cada vez más parte de la sostenibilidad social de un proyecto.
“Construir comunidad también implica generar capacidades para que las personas sepan cómo actuar ante una situación de riesgo”, explica Catalina Rodríguez, coordinadora de Relacionamiento y Entorno de Cusezar.
La compañía anunció que la alianza continuará durante el segundo semestre con actividades puerta a puerta y puntos permanentes de información y que prevé llevar iniciativas similares a otros proyectos.
El desafío será que estos mecanismos logren mantenerse cuando las constructoras reduzcan su presencia en los proyectos y sean las propias copropiedades las que asuman su operación cotidiana.
En ese sentido, lo que ocurre en Bosa puede funcionar como laboratorio de una tendencia más amplia: convertir las comunidades residenciales en el primer eslabón para detectar riesgos y conectar a las mujeres con las instituciones antes de que una situación de violencia escale.
