Mientras el sector edificador enfrenta una caída en licenciamientos y nuevos proyectos, la construcción sostenible avanza en sentido contrario. Colombia acumula 26,8 millones de metros cuadrados certificados EDGE y la regulación empieza a convertir la eficiencia ambiental en un factor de financiación, competitividad e incluso de acceso a incentivos urbanísticos.
En un mercado inmobiliario que todavía busca recuperar dinamismo, la sostenibilidad está dejando de funcionar únicamente como un atributo de mercadeo para convertirse en una variable de negocio.
Los datos ilustran esa transformación. A agosto de 2026, Colombia acumulaba 26,8 millones de metros cuadrados certificados bajo EDGE, distribuidos en 1.337 proyectos y más de 400.000 unidades de vivienda, según Camacol. El gremio sostiene además que el país ocupa el primer lugar mundial en metros cuadrados certificados con este estándar.
El avance ocurre precisamente cuando la actividad tradicional de la construcción enfrenta dificultades. El DANE reportó que en junio de 2026 se licenciaron 1,86 millones de metros cuadrados en Colombia, 8,3% menos que un año atrás. En vivienda, la reducción fue mucho mayor: el área aprobada cayó 22,6% anual.
La combinación plantea un nuevo escenario para las constructoras: en un mercado con menor expansión, factores como menores consumos, acceso a financiación verde, certificaciones y cumplimiento anticipado de requisitos ambientales pueden empezar a marcar diferencias entre proyectos.
De obligación ambiental a ventaja competitiva
La regulación está acelerando ese cambio.
En abril de 2025, el Ministerio de Vivienda expidió la Resolución 0194, que actualizó los lineamientos nacionales para construcción sostenible. La norma incorpora nuevos parámetros de ahorro de agua y energía para las edificaciones nuevas y establece mecanismos de seguimiento y control. Para vivienda VIS y VIP contempla metas mínimas de reducción de entre 5% y 20% en energía y entre 15% y 25% en agua, dependiendo de las características del proyecto.
Bogotá fue posteriormente un paso más allá.
El Decreto Distrital 676 de 2025 creó incentivos asociados a medidas de ecourbanismo y construcción sostenible para proyectos de vivienda. Entre las condiciones para acceder a esos beneficios está presentar una precertificación o reconocimiento de diseño mediante sistemas como EDGE, LEED, CASA Colombia o Bogotá Construcción Sostenible.
Esto cambia sustancialmente la ecuación: una certificación ambiental puede pasar de representar un sello voluntario a formar parte de una decisión económica y urbanística del proyecto.
También comienza a influir en el acceso al capital. En mayo de 2026, la Corporación Financiera Internacional (IFC) anunció un paquete de financiación de hasta US$150 millones para Banco de Bogotá, del cual aproximadamente la mitad estará destinado a construcción sostenible, exclusivamente para proyectos EDGE Advanced o estándares internacionales comparables como LEED Gold y Platinum.
Las constructoras aceleran
El movimiento ya es visible entre algunos de los mayores desarrolladores del país.
Constructora Bolívar informa actualmente más de 72.000 viviendas certificadas EDGE, mientras Amarilo reportó en su Informe de Sostenibilidad 2025 un total de 11.996 viviendas certificadas y otras 16.739 en proceso de certificación. En estas últimas, la compañía proyecta ahorros promedio de 26% en energía, 32% en agua y 48% en energía incorporada en materiales.
Cusezar se suma a esa tendencia. La constructora cuenta actualmente con 3.781 unidades con certificación final EDGE, 1.992 con certificación preliminar y 4.138 en proceso de auditoría, para un total de 9.911 viviendas vinculadas a diferentes etapas de su estrategia de certificación. Su meta es superar las 12.900 unidades certificadas en 2027.
EDGE, desarrollado por IFC, establece como referencia para obtener la certificación ahorros mínimos del 20% en energía, agua y energía incorporada en los materiales frente a una edificación base.
En el caso de Tuset, uno de los proyectos de Cusezar con certificación preliminar, las eficiencias proyectadas llegan al 27% en energía, 37% en agua y 47% en energía incorporada en materiales.
“Podemos medir ahorros de energía, agua y energía incorporada en materiales frente a un edificio de referencia, y traducir esa eficiencia en mejores decisiones de diseño, obra y operación”, explica Roger Romero, gerente de Control de Proyectos de Cusezar.
La compañía también reporta haber evitado más de 2.500 toneladas de CO₂ mediante el uso de cementos ECOPlanet y concretos ECOPact en alianza con Holcim, y proyecta reducir otras 5.300 toneladas en los próximos años. Adicionalmente, sus sistemas de sedimentación y recirculación en plantas de concreto permitirían ahorrar más de 4.200 metros cúbicos de agua.
El comprador también entra en la ecuación
El paso siguiente será demostrar que esta eficiencia se traduce en valor económico perceptible para quien compra una vivienda.
Menores consumos de agua y energía pueden reducir gastos recurrentes de los hogares; para las constructoras, los estándares verdes empiezan a abrir posibilidades de financiación y beneficios urbanísticos; y para bancos e inversionistas, las certificaciones permiten establecer métricas verificables para decidir hacia dónde dirigir capital sostenible.
Ese puede ser el cambio más profundo. La construcción sostenible en Colombia está pasando de competir por reputación a competir por eficiencia.
Y con más de 400.000 viviendas EDGE ya certificadas, nuevas exigencias nacionales y capital financiero comenzando a premiar proyectos con mejores indicadores ambientales, la pregunta para las constructoras podría dejar de ser cuánto cuesta construir de forma sostenible para convertirse en otra: ¿cuánto costará, en competitividad, no hacerlo?
