En Colombia, donde la geografía, el conflicto armado y la desigualdad han dejado profundas huellas en la distribución de la tierra, el acceso, la tenencia y la gobernanza del territorio rural siguen siendo desafíos fundamentales para avanzar hacia la equidad y superar la pobreza. De acuerdo con el informe de pobreza multidimensional del DANE (2023), mientras en las zonas urbanas la pobreza afecta al 8,3 % de la población, en el campo esta cifra asciende al 25,1 %. En términos de pobreza monetaria, el panorama es aún más crítico: alcanza el 41,2 % en las áreas rurales.
Aunque se han logrado avances, persisten retos urgentes, como la necesidad de formalizar la tenencia de la tierra, implementar mecanismos efectivos de gobernanza y fortalecer la seguridad jurídica de los territorios rurales. Estos pasos son esenciales no solo para impulsar el desarrollo económico, sino también para garantizar la seguridad alimentaria y la consolidación de la paz.
En este contexto, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en el marco de la Reforma Agraria, representa una apuesta institucional para asegurar el acceso a la justicia en el campo. Esta nueva jurisdicción busca proteger los derechos del campesinado, las víctimas del conflicto armado y los pueblos étnicos, y responde a problemas históricos como la informalidad en la tenencia de la tierra, que supera el 50 % según la UPRA (2019), y a los más de 37.000 procesos agrarios pendientes que buscan resolver disputas sobre propiedad y uso del suelo.
La desigualdad en la distribución de la tierra sigue siendo uno de los principales obstáculos. Datos del IGAC y el DANE evidencian que solo el 1,6 % de los propietarios concentra el 43,9 % del área total, correspondiente a fincas de más de 200 hectáreas. Esta concentración limita las posibilidades de desarrollo de millones de campesinos que aún no tienen acceso a tierra propia o suficiente.
Con el objetivo de avanzar hacia la implementación de esta nueva jurisdicción, la FAO, en alianza con los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo del PNUD y el financiamiento del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz, inició un proceso de Diálogos sobre el derecho a la tierra y el territorio en la región de los Montes de María.
El primero de estos encuentros se llevó a cabo el pasado 10 de abril en la Universidad de Cartagena, con la participación de más de 100 líderes y lideresas del territorio, junto a representantes institucionales. Allí se debatieron las implicaciones de un sistema de justicia más cercano, incluyente y adaptado a las realidades del campo colombiano.
“La Jurisdicción Agraria busca devolver la dignidad a las comunidades, recobrar la equidad y construir justicia para el campo y su gente”, expresó la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, destacando su papel en la resolución pacífica de conflictos. En la misma línea, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que esta iniciativa abre el camino para que “la tierra sea un derecho que amplíe las posibilidades de desarrollo y garantice el derecho a la alimentación”.
Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia, subrayó que el derecho a la tierra va más allá de la tenencia formal, al estar directamente ligado al desarrollo económico, social y ambiental del país. Este enfoque integral es uno de los pilares del proyecto Fortalecimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural como estrategia para la consolidación de la paz en Colombia, en el que se enmarcan estos diálogos.
Durante el encuentro, el magistrado Octavio Augusto Tejeiro resaltó que esta jurisdicción representa un avance institucional sin precedentes, al reconocer principios como la autonomía del derecho agrario, la seguridad alimentaria, la decisión integradora y la figura de jueces itinerantes, lo cual permitirá una presencia real del Estado en los territorios.
Para líderes como Arturo Herrera, campesino de los Montes de María y víctima del conflicto armado, estos avances son fundamentales: “Sin tierra no hay porvenir, sin tierra es imposible superar la pobreza y, muchas veces, costarse sin comer”.
Por su parte, lideresas como Doris Tejada, de la Mesa de Víctimas de los Montes de María, y Aura Camargo, representante comunitaria de San Juan Nepomuceno, coincidieron en que la titulación colectiva, el fortalecimiento organizativo y la implementación de la Ley de Mujer Rural son aspectos clave para el desarrollo del campo.
En el mismo diálogo, la magistrada Claudia Expósito Vélez presentó los avances estructurales que ha impulsado el Consejo Superior de la Judicatura para la puesta en marcha de la jurisdicción, entre ellos, un índice de priorización de territorios agrícolas y rurales que permite identificar las regiones con mayores necesidades de acceso a la justicia, con base en variables como condiciones socioeconómicas, conflicto, demandas judiciales y presencia de poblaciones étnicas.
Finalmente, representantes del PNUD, la Comisión Colombiana de Juristas, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y la academia coincidieron en la importancia de una articulación efectiva entre instituciones del Estado, comunidades rurales, universidades, sector privado y cooperación internacional para hacer realidad la Jurisdicción Agraria y Rural.
Que esta justicia llegue verdaderamente al campo dependerá no solo del compromiso institucional, sino de una sociedad que reconozca en la tierra y en sus comunidades rurales una vía legítima para construir un país más justo, equitativo y en paz.