El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha reportado un preocupante incremento del 89 % en el número de víctimas por minas antipersonal y artefactos explosivos en Colombia durante el último año, alcanzando un total de 719 personas entre fallecidos y heridos. Este aumento refleja la creciente inseguridad en varias regiones del país, donde el conflicto armado y la expansión de grupos ilegales han intensificado el uso de estos dispositivos.
De acuerdo con el informe del CICR, los departamentos más afectados son Norte de Santander, Cauca, Arauca y Nariño, donde la presencia de actores armados irregulares ha convertido zonas rurales en campos minados. Estas áreas no solo presentan un alto riesgo para la población civil, sino también para trabajadores humanitarios y fuerzas de seguridad, quienes han visto limitada su capacidad de acción debido a la proliferación de estos explosivos.
Un peligro constante para las comunidades
El director del CICR en Colombia, Jean-Pierre Michel, expresó su preocupación por la situación y destacó que “las minas y artefactos explosivos siguen siendo una amenaza silenciosa y permanente para miles de colombianos, en especial para comunidades campesinas e indígenas que dependen de sus tierras para subsistir”. Además, reiteró el llamado a todas las partes del conflicto a respetar el Derecho Internacional Humanitario y cesar el uso de estas armas indiscriminadas.
Los datos del CICR también revelan que un alto porcentaje de las víctimas son menores de edad, quienes, por desconocimiento o falta de advertencias visibles, caen en trampas mortales mientras realizan actividades cotidianas. En este sentido, organizaciones de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer los programas de educación sobre el riesgo de minas y ampliar las labores de desminado humanitario.
Acciones y desafíos en el desminado
El gobierno colombiano, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), ha intensificado sus esfuerzos para mitigar el impacto de estos artefactos. Sin embargo, las condiciones de seguridad en algunas regiones han dificultado las operaciones de desminado, lo que impide avanzar con la rapidez requerida.
En los últimos meses, el país ha recibido apoyo de la comunidad internacional para enfrentar esta crisis. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea han destinado recursos para fortalecer los programas de asistencia a las víctimas y mejorar la respuesta ante emergencias por explosiones.
A pesar de estos esfuerzos, el panorama sigue siendo preocupante. Las víctimas no solo enfrentan secuelas físicas y psicológicas, sino también dificultades económicas debido a la pérdida de movilidad y oportunidades laborales. Por ello, expertos insisten en la urgencia de un compromiso real por parte de todos los actores involucrados para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.
Mientras tanto, los colombianos que habitan en zonas de alto riesgo siguen viviendo con temor, conscientes de que una simple caminata puede convertirse en una trampa mortal.
