El sector formal alerta que el incremento en la retención en la fuente podría favorecer la informalidad y debilitar los avances en legalidad y sostenibilidad.
Las principales comercializadoras internacionales de oro en Colombia advirtieron sobre los posibles efectos negativos que tendría el nuevo proyecto de decreto del Gobierno Nacional, el cual propone aumentar la tarifa de retención en la fuente del 1 % al 2,5 % e imponer una autorretención del 4,5 % sobre la actividad extractiva. Según el sector, esta medida pone en riesgo los avances en formalización, transparencia y sostenibilidad alcanzados en los últimos años.
De acuerdo con cifras del gremio, en 2024 estas compañías aportaron más de $765.000 millones en regalías a departamentos y municipios, recursos destinados a programas de salud, educación y bienestar social en zonas mineras. No obstante, el nuevo esquema impositivo podría reducir significativamente la liquidez de estas empresas, dificultando su operación y sostenibilidad.
“El rol de las comercializadoras ha sido clave apoyando a los productores formales en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y contractuales. Además, han impulsado la trazabilidad del oro colombiano y su reconocimiento como producto responsable en los mercados internacionales”, afirmó César Díaz Guerrero, vocero del sector.
Una de las preocupaciones centrales es el posible retroceso en la lucha contra la informalidad. Actualmente, se estima que solo el 20 % del oro comercializado en Colombia proviene de canales legales, mientras que el 80 % restante se mueve a través de mercados informales, lo que genera pérdidas fiscales por varios billones de pesos anuales.
“El modelo de retención propuesto representa una carga fiscal excesiva, que podría incentivar aún más la comercialización informal y poner en riesgo los logros alcanzados en legalidad y sostenibilidad”, añadió Díaz Guerrero.
El sector minero genera cerca de 160.000 empleos directos en Colombia, muchos de ellos en regiones históricamente excluidas. Por eso, las comercializadoras hacen un llamado al Gobierno para abrir espacios de diálogo técnico y construir una política fiscal que no debilite a los actores formales ni deteriore las finanzas públicas regionales.
