En 2025, el compliance dejó de ser un requisito legal, es la herramienta que protege a las empresas de riesgos legales, reputacionales y operativos
En 2025, las empresas ya no solo deben cumplir la ley: están obligadas a demostrar transparencia, ética y responsabilidad frente a reguladores, inversionistas y ciudadanos. Ese es el corazón del compliance, un concepto que hoy abarca la lucha contra la corrupción, la protección de datos, la ciberseguridad, la sostenibilidad y el uso responsable de la inteligencia artificial.
“Cualquier empresa que contrate con el Estado o maneje grandes volúmenes de datos está expuesta a sanciones, pérdida de confianza y hasta al cierre de operaciones si no fortalece sus programas de compliance. La corrupción, la ciberseguridad y la sostenibilidad dejaron de ser problemas aislados, hoy son riesgos estratégicos que definen la continuidad de los negocios”, afirma Daniel Rodríguez, Socio de la firma CMS Rodríguez-Azuero.
Las consecuencias del incumplimiento son cada vez más severas. En Colombia, la SIC puede imponer multas de hasta 2.000 salarios mínimos, suspender actividades de tratamiento de datos o incluso cerrar operaciones, mientras que la Supersociedades puede sancionar con hasta 200 salarios mínimos, no solo a las compañías sino también a sus directivos y oficiales de cumplimiento. A nivel internacional, las multas y restricciones son aún más fuertes: el AI Act europeo contempla sanciones millonarias, mientras que DORA y CSRD amplían las consecuencias a medidas correctivas, amonestaciones públicas y limitaciones en el acceso a financiamiento.
Los sectores más expuestos en 2025 son aquellos que manejan información sensible, dependen de la contratación pública o están bajo la lupa de reguladores internacionales. Finanzas y fintech son blanco de ataques cibernéticos y de exigencias estrictas en materia de lavado de activos. Salud y farmacéutico enfrentan la vulnerabilidad de proteger datos sensibles de pacientes y, al mismo tiempo, cuidar su reputación frente a autoridades y usuarios.
En tecnología, e-commerce y telecomunicaciones, el reto pasa por el shadow AI y el escrutinio creciente en temas de privacidad. Por su parte, infraestructura, energía y construcción siguen en la mira por riesgos de corrupción y por el cumplimiento de obligaciones de sostenibilidad que cada vez pesan más en la evaluación de proyectos.
Los principales focos de riesgo para las compañías en 2025 incluyen la corrupción y el soborno, que mantienen la contratación pública y los trámites regulatorios como puntos críticos. También la protección de datos y la privacidad, que con el auge de la inteligencia artificial y la biometría se convirtieron en un frente prioritario ante el endurecimiento de la regulación.
A esto se suman la ciberseguridad, con ataques como el ransomware que hoy afectan a casi todos los sectores. Las normas internacionales ya obligan a reportar incidentes en cuestión de días y a garantizar altos niveles de resiliencia digital. También la sostenibilidad y los criterios ESG, con la Unión Europea exigiendo reportes verificables de impacto ambiental y social (CSRD) que condicionan el acceso a financiamiento, y la inteligencia artificial, donde el AI Act europeo impone reglas estrictas sobre transparencia y supervisión humana, con sanciones que pueden llegar a 35 millones de euros o al 7% de los ingresos globales.
“El incumplimiento en compliance ya no es un riesgo administrativo, hoy puede significar sanciones millonarias, cierre de operaciones y pérdida de confianza. Para las empresas, fortalecer sus programas de cumplimiento dejó de ser opcional, es un requisito para sobrevivir en un entorno regulatorio cada vez más exigente”, concluye Rodríguez.
