El sistema de salud en Colombia enfrenta una de sus crisis más graves en años. Varias EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud podrían quedar por fuera del sistema este mismo año debido a su profunda crisis financiera. Entre las entidades comprometidas se encuentran Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Emssanar, Asmetsalud, Savia Salud y Ecoopsos, que en conjunto afilian a más de 27 millones de colombianos.
Estas entidades han sido objeto de vigilancia especial por parte del Gobierno por fallas en la prestación de servicios, manejo administrativo deficiente y crecientes deudas con hospitales y clínicas. La presión financiera ha llegado a tal punto que muchas IPS ya no tienen capacidad para seguir prestando servicios sin recibir pagos, lo que pone en riesgo la atención de millones de usuarios en todo el país.
El panorama es especialmente delicado en regiones apartadas donde estas EPS concentran buena parte de la afiliación. En departamentos como Chocó, La Guajira, Nariño y Córdoba, su eventual salida del sistema significaría dejar sin aseguramiento efectivo a cientos de miles de personas que ya enfrentan barreras históricas para acceder a servicios de salud. Organizaciones médicas y hospitales han advertido que la situación puede derivar en un colapso operativo si no se toman medidas urgentes.
El Gobierno, por su parte, enfrenta presiones para responder con una ruta de transición clara y efectiva. A pesar de que ha insistido en avanzar hacia un nuevo modelo de salud más territorial y preventivo, aún no existe un mecanismo definido para reemplazar a las EPS que salgan del sistema ni se han garantizado los recursos necesarios para cubrir los vacíos operativos que dejarían. Mientras tanto, los usuarios continúan enfrentando demoras, negación de servicios y creciente incertidumbre sobre el futuro de su atención médica.
