El Estado colombiano enfrenta actualmente 42 procesos arbitrales relacionados con megaproyectos de infraestructura, los cuales suman más de $1,3 billones en reclamaciones. Así lo reveló la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al detallar que estos casos involucran concesiones viales, férreas, portuarias y aeroportuarias en todo el país.
La mayoría de las demandas han sido interpuestas por concesionarios privados que alegan incumplimientos contractuales, retrasos en licencias ambientales, dificultades prediales o impactos por decisiones administrativas. Aunque algunos procesos ya han sido resueltos, otros continúan activos ante tribunales de arbitramento nacional e internacional.
“Estamos trabajando para resolver los conflictos de forma eficiente, protegiendo los recursos públicos y garantizando la continuidad de las obras”, aseguró el presidente de la ANI, Francisco Ospina. Según la entidad, se han reforzado los equipos jurídicos y se busca promover salidas conciliadas cuando sea posible.
Estas disputas ponen presión sobre el presupuesto estatal y evidencian los retos estructurales que enfrenta el país para ejecutar grandes obras de infraestructura sin tropiezos legales. De acuerdo con expertos, los arbitrajes también reflejan la necesidad de revisar los modelos de contratación y los mecanismos de seguimiento a los proyectos, para reducir la exposición a litigios de alto costo.
Actualmente, las demandas activas están siendo gestionadas en coordinación con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que busca minimizar el impacto económico de estos procesos y proteger los intereses de la Nación.
