En un intento por aliviar la presión fiscal y garantizar el financiamiento de sus compromisos presupuestales, el Gobierno Nacional estudia una medida extraordinaria: adelantar el cobro del impuesto de renta correspondiente al año 2026. Esta decisión, que se encuentra en etapa de análisis y consulta, busca aumentar la liquidez inmediata del Estado en un contexto de déficit creciente.
La propuesta contempla ajustes en las autorretenciones en la fuente que realizan las empresas, es decir, un incremento en los pagos anticipados que deben hacer sobre el impuesto de renta. Esto afectaría principalmente a sectores estratégicos como energía, comercio, servicios y agroindustria, que verían aumentada su carga tributaria de forma anticipada.
Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que existe una brecha considerable entre lo que las empresas pagan por anticipado y su obligación tributaria final. Bajo esta lógica, se busca que las autorretenciones reflejen con mayor exactitud el impuesto real, permitiendo al Gobierno mejorar el flujo de caja sin necesidad de crear nuevos tributos.
No obstante, esta medida ha generado preocupación entre empresarios, economistas y analistas del mercado, quienes advierten que un adelanto en el pago del impuesto de renta podría afectar la liquidez de muchas compañías, especialmente de aquellas con menores márgenes o mayor exposición a ciclos económicos. También se teme que esta estrategia traslade el problema fiscal a futuras administraciones, sin resolver de fondo la sostenibilidad financiera del Estado.
El Gobierno, por su parte, insiste en que esta es una solución temporal y que no busca imponer nuevas cargas, sino reconfigurar el calendario de recaudo. Asegura que los sectores más vulnerables serán tenidos en cuenta y que se abrirán canales de diálogo para ajustar la propuesta según las necesidades del tejido productivo.
En las próximas semanas, se espera que esta iniciativa sea sometida a consulta pública, en la que gremios, empresas y ciudadanos podrán presentar observaciones. El país entra así en un nuevo debate sobre el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la competitividad económica, con una propuesta que busca cerrar brechas, pero que también pone a prueba la capacidad de adaptación del sector empresarial