El pasado 25 de agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia dio a conocer un borrador de decreto que propone un incremento del 20 % en el costo de la energía eléctrica para empresas de diversos sectores productivos. La iniciativa, que ya genera controversia entre gremios empresariales y expertos en política fiscal, busca eliminar la exención de la contribución de solidaridad que ha estado vigente durante los últimos 15 años para ciertos segmentos industriales.
La propuesta se enmarca en un esfuerzo por fortalecer el margen de maniobra fiscal del Estado, en un contexto marcado por el aumento del endeudamiento público y la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. Según cálculos oficiales, el ajuste permitiría recaudar cerca de $1,2 billones, recursos que serían destinados a cubrir el déficit generado por los subsidios de energía otorgados a hogares de estratos 1, 2 y 3. Actualmente, esos subsidios representan descuentos del 60 %, 50 % y 15 %, respectivamente, sobre el valor del consumo mensual.
El borrador plantea que sectores como agricultura, ganadería, minería, construcción, información y comunicaciones, así como empresas de servicios públicos, deberán asumir nuevamente el pago de la contribución solidaria. Solo las industrias manufactureras conservarían la exención vigente desde 2010, cuando se adoptó como medida para mejorar la competitividad del aparato productivo nacional frente a sus pares internacionales.
Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que el impacto económico sería marginal, con un incremento promedio de apenas 0,098 % en los costos de producción de los sectores afectados. No obstante, el efecto varía según la intensidad energética de cada actividad. En industrias como la explotación de níquel o gas natural, donde la electricidad representa un insumo crítico, el impacto sería más significativo.
La reacción del sector empresarial no se hizo esperar. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó la propuesta como “absurda” y cuestionó que se utilice un aumento tarifario como mecanismo para estabilizar las finanzas públicas. En su opinión, el enfoque debería centrarse en revisar la focalización de los subsidios, que según él presentan errores de inclusión en más del 60 % de los casos.
Por su parte, Marco Vera, gerente de Vera Energy, advirtió que decisiones de esta magnitud no deberían tomarse vía decreto, sino mediante debate legislativo. Además, señaló que el incremento podría incentivar la autogeneración energética por parte de las empresas, lo que podría alterar el equilibrio del sistema eléctrico nacional.
La propuesta aún se encuentra en etapa de retroalimentación pública, y se espera que en los próximos días se definan los mecanismos de implementación y control, a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las empresas prestadoras del servicio.
