En medio de la actual coyuntura marcada por el paro en contra del Decreto 044 de 2024, surge una preocupación creciente sobre las implicaciones de la implementación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), propuesta central en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Estas áreas priorizan el uso del suelo agrícola exclusivamente para la producción de alimentos, excluyendo otras actividades industriales que contribuyen significativamente a la economía del país, tales como el turismo, la ganadería, la construcción y la minería.
Los ejes centrales del Plan de Ordenamiento Territorial
El POT, como instrumento integral de planificación, busca no solo ordenar el uso del suelo, sino también preservar el patrimonio natural y cultural del país. Sin embargo, su implementación enfrenta importantes desafíos. Tres ejes principales sustentan este plan: la creación de distritos mineros, las APPA y la formalización de territorialidades campesinas (TECAM). Además, se establece la autoridad ambiental indígena, lo que otorga competencias a las comunidades para gestionar sus recursos y territorios, incluso en la aplicación de sanciones.
Tensiones entre la regulación nacional y la autonomía municipal
Con la declaratoria de las APPA, es previsible que aumenten las tensiones entre los gobiernos locales y nacionales. Mientras que las APPA priorizan la producción de alimentos, limitan severamente la capacidad de los municipios para destinar sus tierras a actividades no agrícolas. Esto implica un choque con la autonomía municipal y su capacidad para planificar el uso del suelo de manera diversificada, incluyendo sectores como el turismo, la vivienda y la industria. Los municipios que aún no han actualizado sus POT podrían enfrentarse a la imposibilidad de considerar otras vocaciones productivas más allá de la agricultura.
Preocupación en sectores productivos y económicos
Diversos sectores productivos han expresado su inquietud frente a la rigidez de las APPA, ya que estas podrían anular la autonomía local y reducir las oportunidades de diversificación económica. Las restricciones al uso del suelo, la posible pérdida de derechos adquiridos y la imposición de un modelo agrícola exclusivo amenazan con desconocer las particularidades culturales y económicas de cada territorio, además de socavar las dinámicas productivas existentes.
Falta de metodologías y directrices claras para su implementación
A pesar de la magnitud de esta política, aún faltan procedimientos claros y metodologías detalladas para su implementación. Preocupa la escala de análisis utilizada en la delimitación de las APPA, ya que no siempre refleja las realidades locales ni considera las actividades económicas ya presentes en los territorios. Además, la agricultura a gran escala, promovida por este plan, podría generar consecuencias ambientales adversas, como la sobreexplotación de recursos hídricos.
Suspensión de actividades mineras y riesgo de inseguridad jurídica
El Decreto 044 también suspende la posibilidad de otorgar nuevos permisos para actividades mineras en zonas declaradas como reservas temporales. Esto ha generado incertidumbre entre los titulares de derechos mineros, quienes ven en riesgo sus inversiones y derechos adquiridos. Si estas restricciones se prolongan sin una solución clara, podría aumentar la inseguridad jurídica, afectando gravemente al sector minero.
Implicaciones fiscales y riesgo de expropiación
Otro punto de preocupación es el impacto del Proyecto de Ley 292 de 2023C, que propone un aumento significativo del impuesto predial. Esto podría generar una carga fiscal insostenible para muchos propietarios de predios rurales y urbanos, quienes, ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales, podrían enfrentarse a la expropiación o a procesos de extinción de dominio.
Reflexión final
La implementación de las APPA y el nuevo POT tienen el potencial de transformar profundamente el uso del suelo en Colombia. Sin embargo, estas medidas, si no se manejan con la flexibilidad y los mecanismos adecuados, podrían generar más desafíos que soluciones, obstaculizando la diversificación económica y el desarrollo sostenible del país. Las tensiones entre la producción de alimentos y otros sectores clave para la economía nacional, así como la incertidumbre jurídica que generan las nuevas normativas, ponen de relieve la necesidad de un debate profundo y de una planificación más integral que considere todas las dimensiones del desarrollo territorial y económico.