La disminución de la inversión privada en Colombia subraya preocupaciones crecientes sobre el atractivo del mercado, en un contexto donde los riesgos políticos y la falta de coordinación con el sector privado generan incertidumbre. El reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicado el 15 de agosto, mostró un crecimiento del 2,1% en el segundo trimestre de 2024, comparado con el 0,6% del primer trimestre; sin embargo, esta recuperación no ha sido suficiente para revertir las preocupaciones de los inversores.
Un mercado en desaceleración
La caída de la inversión fija privada, que experimentó un desplome del 25% en 2023, ha marcado el fin de una tendencia de 15 años de crecimiento sostenido. Este descenso afecta principalmente a sectores clave como la construcción, la manufactura y el comercio. Las ventas de viviendas, por ejemplo, disminuyeron un 45%, y entre febrero de 2023 y febrero de 2024 se perdieron 50.000 empleos en el sector de la construcción. Esta pérdida de dinamismo es impulsada tanto por factores externos —una economía mundial volátil— como por desafíos internos, especialmente las políticas del presidente Gustavo Petro.
El enfoque del presidente se ha alejado del compromiso de las administraciones anteriores de fomentar los mercados de capitales y atraer inversiones privadas. Su retórica, que a veces ha sido hostil hacia ciertas industrias, y la propuesta de una asamblea constituyente, han afectado negativamente la confianza de los inversionistas, debilitando el atractivo de Colombia como destino de inversión. Además, la constante rotación de personal en ministerios clave y la pérdida de experiencia técnica en organismos reguladores han ralentizado la toma de decisiones y disminuido la calidad de las políticas públicas.
El desafío de la reindustrialización
Gustavo Petro asumió la presidencia con la promesa de implementar una estrategia de reindustrialización que transformara el perfil productivo del país, alejándolo de las industrias extractivas y enfocándose en sectores más verdes y tecnológicos. Sin embargo, a mitad de su mandato, no se han registrado avances significativos en esta iniciativa. Aún no se ha establecido un conjunto de incentivos fiscales sectoriales, ni programas de inversión pública que puedan respaldar esta transición, ni se ha logrado integrar al sector privado como un socio clave en la estrategia.
El gobierno, por su parte, ha contemplado medidas reactivas como un «plan de inversión forzosa», anunciadas por el presidente Petro el 15 de agosto. Este plan implica un acuerdo con la banca privada para que presten parte de los depósitos de ahorro al gobierno, con el fin de reinvertir esos ingresos en sectores estratégicos. En caso de no lograr este acuerdo, el presidente ha indicado que presentará un proyecto de ley al Congreso para seguir adelante con esta propuesta.
Un panorama desafiante para las empresas
Si bien las inversiones forzadas han sido implementadas en situaciones extremas, como durante la pandemia de COVID-19, no son una solución sostenible a largo plazo para las causas estructurales de la desaceleración económica. Hasta el momento, no hay señales claras de una estrategia gubernamental integral que pueda compensar la pérdida de inversiones privadas. En consecuencia, las empresas continuarán enfrentando un entorno caracterizado por la falta de incentivos fiscales, regulatorios y políticos durante el resto del año.
En un mercado con pocas certezas, el futuro de la inversión privada en Colombia sigue siendo incierto. A menos que se adopten medidas coordinadas y efectivas que restauren la confianza del mercado y garanticen la estabilidad regulatoria, el país podría continuar perdiendo terreno como un destino atractivo para la inversión, afectando de manera significativa su crecimiento económico a mediano y largo plazo.