Este miércoles 28 y jueves 29 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada de paro nacional convocada por centrales obreras, organizaciones sociales y movimientos ciudadanos que respaldan las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La movilización, liderada por la CUT, Fecode y otras agremiaciones, tiene como principal bandera exigir que el Congreso apruebe la consulta popular presentada el pasado 19 de mayo, así como destrabar el avance de las reformas laboral, pensional, de salud y de educación.
Aunque el presidente Petro ha recurrido a la movilización como una estrategia para sortear el bloqueo legislativo, sectores empresariales y analistas económicos advierten sobre el impacto que estos paros podrían generar en la productividad y la estabilidad institucional. Según estimaciones de Fenalco, la jornada de cese de actividades podría representar pérdidas de hasta $278.000 millones diarios, debido a interrupciones en el transporte, el comercio y la prestación de servicios públicos.
En Bogotá, se esperan marchas desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, así como plantones en zonas como Usme y eventos culturales en universidades públicas. Las autoridades prevén afectaciones en la movilidad, especialmente en el centro de la ciudad, y posibles interrupciones en el servicio de TransMilenio, en estaciones como Museo del Oro y Las Aguas. Aunque la Secretaría de Educación no ha emitido una directriz general, es probable que las clases en colegios oficiales se vean afectadas por la participación del magisterio en las movilizaciones. En Cartagena, la Alcaldía confirmó la suspensión de clases durante los dos días.
El paro se enmarca en un contexto político tenso. Tras el hundimiento de la reforma laboral en marzo pasado y la falta de avances significativos en el Congreso, el presidente ha intensificado su llamado a cabildos abiertos y a una «movilización permanente». Desde su perspectiva, se enfrenta a lo que ha denominado un «Senado oligárquico» que actúa en contra de las mayorías populares. Para sus opositores, sin embargo, esta estrategia implica una presión indebida sobre las instituciones y un riesgo de polarización.
La pregunta que se abre es si este nuevo paro logrará un cambio real en el escenario legislativo o si, por el contrario, profundizará la división entre el Ejecutivo y el Congreso. Lo cierto es que el respaldo popular al Gobierno y su capacidad para articular una mayoría parlamentaria siguen siendo las piezas clave del ajedrez político que definirá el rumbo de las reformas.
