Colombia se enfrenta a un desafío: ¿Cómo hacer que estas leyes funcionen de verdad? En un mundo donde la corrupción acecha en cada esquina del sistema, desde las altas esferas gubernamentales hasta las empresas privadas, el país se encuentra en una encrucijada ¿podrá el país transformar su amplio espectro legal en un escudo contra la corrupción o seguirá siendo una batalla perdida en un campo de normativas y buenas intenciones?
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional ubica a Colombia en el puesto 87 de 180 países evaluados, reflejando un alto nivel de percepción de corrupción. Además, la Auditoria General de la República informó que la corrupción le costó a los colombianos 50 billones de pesos en 2023, fondos que podrían haber sido destinados a servicios públicos, infraestructura y programas sociales.
El ordenamiento jurídico colombiano está saturado de leyes y convenciones internacionales diseñadas para enfrentar la corrupción. Desde la Ley 412 de 1997 hasta la Ley 2195 de 2022, estas normas buscan asignar responsabilidades concretas y promover la transparencia en todos los niveles. Sin embargo, como señala Daniel Rodríguez Bravo, experto en compliance y derecho penal corporativo, «el fenómeno de la corrupción en Colombia no está relacionado con la ausencia de normas. De hecho, en Colombia existe una inflación legislativa y regulatoria en esta y todas las materias. Necesitamos menos normas, pero mejores, pues además de que hay muchas normas, la ausencia de técnica legislativa y reglamentaria es en ocasiones vergonzosa”.
En medio de la abundancia de leyes, Rodríguez Bravo destaca un tema crucial: la denuncia de irregularidades o whistleblowing. «Creo que el impacto de una norma en esta materia que tenga los incentivos adecuados, tendría un impacto trascendental en Colombia. Quizá más que cualquier otro que se haya adoptado en el país. Lamentablemente, algunos de los proyectos de ley que hemos visto en la materia son malos y desconocen por completo la experiencia internacional y las mejores prácticas», afirma.
La legislación colombiana contempla diversas sanciones para actos de corrupción, tanto para personas naturales como jurídicas. No obstante, la efectividad de estas sanciones es limitada debido a los altos índices de impunidad. Según Rodríguez, la solución no radica en incrementar las sanciones o hacerlas severas, sino en asegurar la identificación, investigación y sanción de las violaciones a las normas existentes, conocido en derecho comparado como enforcement.
Una ley de delación o whistleblowing con los incentivos adecuados podría ser crucial. Con protecciones e incentivos jurídicos y económicos suficientes, las personas involucradas o conocedoras de actos de corrupción denunciarían estos actos a las autoridades competentes. Dado que estas personas conocen de primera mano las circunstancias de los hechos, pueden proporcionar información precisa y completa, ahorrando miles de millones en investigaciones ineficaces y permitiendo a las autoridades concentrarse en investigaciones eficaces que concluyan en condenas sólidas. Esto es trascendental, ya que un aumento en investigaciones efectivas resultaría en más condenas, reduciendo automáticamente la impunidad y creando un verdadero incentivo para no delinquir.
Colombia se encuentra en un momento crucial. Convertir su vasto conjunto de leyes contra la corrupción en herramientas efectivas requiere no solo de normativa adecuada sino también de un sistema que incentive y proteja la denuncia de actos corruptos.
