El reciente anuncio sobre el incremento en la retención en la fuente ha generado una fuerte reacción por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que advierte sobre las implicaciones negativas que esta medida podría tener en uno de los sectores clave para el desarrollo económico del país. Desde el gremio, se ha expresado preocupación por el impacto que tendría esta decisión en la liquidez de las empresas constructoras, muchas de las cuales enfrentan ya un panorama retador debido a las altas tasas de interés y a la desaceleración de la demanda de vivienda.
De acuerdo con Camacol, el aumento de la retención representa una carga tributaria adicional que puede desincentivar la inversión, frenar la ejecución de nuevos proyectos y ralentizar la contratación de personal. En un sector que, además de ser intensivo en mano de obra, tiene un efecto multiplicador sobre otros segmentos de la economía (como el acero, el cemento, el transporte y los servicios financieros), cualquier obstáculo fiscal adquiere una dimensión más amplia.
Desde una perspectiva fiscal, el Gobierno podría ver esta medida como una estrategia para incrementar la recaudación anticipada, en línea con sus metas de sostenibilidad macroeconómica. Sin embargo, actores del sector privado argumentan que trasladar esa presión al tejido empresarial termina siendo contraproducente si se traduce en menor dinamismo productivo. La preocupación también radica en que este tipo de ajustes, cuando no van acompañados de estímulos o mecanismos compensatorios, pueden debilitar la competitividad del sector frente a otros mercados de la región.
El llamado de Camacol apunta a establecer un diálogo técnico entre el Gobierno y los gremios para buscar soluciones que permitan equilibrar las necesidades fiscales del Estado sin comprometer la recuperación del sector constructor, considerado una de las locomotoras de la economía colombiana.
