El sector arrocero colombiano, que genera más de 68.846 empleos directos en 211 municipios de 23 departamentos, ha manifestado su inconformidad ante la falta de atención por parte del Gobierno Nacional. Pese a dos años y medio de gestión, múltiples mesas de trabajo, cinco meses de negociación y dos días de paro nacional, las autoridades competentes no han respondido con soluciones concretas a sus demandas.
Los arroceros destacan la importancia estratégica del sector para la sostenibilidad económica rural y la seguridad alimentaria del país, ya que el arroz es un producto básico de la canasta familiar con un impacto directo en la estabilidad del mercado interno. Ante esta situación, exigen la presencia de los ministros de Agricultura, Interior, Ambiente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de establecer un diálogo efectivo y alcanzar acuerdos que protejan a los productores nacionales.
El gremio continúa firme en su pliego de peticiones, manteniendo bloqueos y concentraciones en diversas regiones del país. Su principal solicitud es la implementación de precios justos y políticas que garanticen condiciones equitativas para los productores colombianos, quienes enfrentan una competencia desigual que amenaza la viabilidad de sus cosechas y la tenencia de sus tierras.
«Trabajamos para alimentar, no para quebrar», afirman los agricultores, reiterando su compromiso con la producción nacional y la defensa de sus derechos.
