Con 57 votos a favor y 31 en contra, el Senado de la República aprobó en su último debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno, una de las apuestas más ambiciosas del Ejecutivo para transformar las condiciones de trabajo en el país. La iniciativa ahora pasa a conciliación entre Senado y Cámara, y de superarse ese trámite, quedará lista para sanción presidencial.
Entre los principales cambios aprobados se encuentra la ampliación del recargo dominical y festivo, que aumentará progresivamente hasta alcanzar el 100%, así como la modificación del horario nocturno, que comenzará a las 7:00 p.m. Otro punto clave es la eliminación de la posibilidad de contratar por horas, y el fortalecimiento del contrato a término indefinido como forma principal de vinculación laboral.
También se incluyó un nuevo tipo de contrato para aprendices del SENA, que les garantizará salario, afiliación a salud y riesgos laborales, formalizando su etapa práctica bajo un régimen laboral especial. La jornada laboral se mantiene en 42 horas semanales, conforme a la Ley 2101 de 2021.
El Gobierno celebró la aprobación como un paso histórico. El ministro del Interior aseguró que la reforma “reivindica la dignidad del trabajo” y resaltó que, de finalizar con éxito la conciliación, se retirará el decreto que convocaba a una consulta popular sobre el tema.
Empresarios alertan sobre impacto en el empleo formal
Pese al respaldo del Congreso, la aprobación no ha estado exenta de críticas. Gremios como Fenalco y la ANDI han manifestado su preocupación por el posible impacto que tendría la reforma en la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Argumentan que el aumento de costos laborales, como el recargo dominical del 100% y los límites a formas de contratación flexibles, podría desincentivar nuevas vinculaciones y empujar a más empresas hacia la informalidad.
En la misma línea, senadores de oposición calificaron la iniciativa como “populista” y advirtieron que “el Gobierno está vendiendo derechos sin garantizar empleos”. A pesar de ello, el bloque oficialista logró consolidar mayorías en la plenaria, resaltando el objetivo social de la reforma: reducir la precarización laboral y avanzar en equidad en el acceso al trabajo decente.
La conciliación deberá realizarse esta semana, antes del cierre del periodo legislativo el 20 de junio. De no lograrse, el proyecto se hundiría, lo que mantiene a los distintos sectores en máxima expectativa.
