La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que estableció un incremento del 23 % al salario mínimo legal vigente (SMMLV) para 2026 ha sacudido el debate sobre el rumbo de la política salarial en Colombia. La alta corporación argumentó que el Gobierno no cumplió con los parámetros legales tradicionales como inflación y productividad, y que el uso del concepto de “salario mínimo vital” no fue debidamente sustentado jurídicamente.
Voceros del sector productivo y gremial respaldan la decisión judicial, aunque al mismo tiempo llaman a fortalecer el diálogo técnico para evitar efectos adversos en la economía real. Así lo plantea la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica – ACODRES Bogotá Región, que emitió un pronunciamiento en el que considera respetable la decisión del Consejo de Estado, reconociendo la competencia constitucional de las Altas Cortes y la importancia de la seguridad jurídica en el país.
Sin embargo, el gremio advierte que el aumento decretado —superior al 23 %— implica un impacto acumulado en costos laborales que puede superar el 35 % al incluir seguridad social, prestaciones, parafiscales y otras obligaciones empresariales, en un escenario ya tensionado por alzas en materias primas, servicios públicos, arriendos e impuestos.
“El incremento abrupto de los costos laborales puede reducir la capacidad de contratación formal y afectar la sostenibilidad de pequeños negocios”, señala el gremio, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. El pronunciamiento alerta que, sin medidas de alivio tributario, incentivos a la formalización y esquemas de gradualidad, el ajuste podría incentivar la informalidad laboral y provocar ajustes operativos que impacten el empleo.
En paralelo, el centro de pensamiento económico ANIF también planteó dudas metodológicas y riesgos asociados con el enfoque del salario vital. En un Comentario Económico de enero de 2026, la entidad destaca que la metodología adoptada no discrimina diferencias regionales en los costos de vida y utiliza componentes de canasta que carecen de claridad técnica.
El análisis de ANIF concluye que, aunque la intención de aplicar un salario que cubra necesidades básicas es legítima, el SMMLV decretado para 2026 resulta 18 % superior al salario vital estimado para un hogar promedio de tres personas.
“Cuando los incrementos del salario mínimo se ubican de manera persistente por encima de fundamentos como inflación y productividad, la evidencia sugiere mayores presiones sobre la formalidad laboral y barreras de entrada al mercado de trabajo”, advierte el equipo técnico de ANIF, que incluye a su presidente José Ignacio López.
El centro de estudios también ha señalado que el aumento podría generar presiones inflacionarias, ajustando sus proyecciones para 2026 al 5,8 %, por encima del 4,3 % estimado previo al ajuste salarial, y elevar la informalidad laboral.
Para diversos gremios, el llamado de fondo es a avanzar en mecanismos de compensación focalizados, priorizando hogares con mayores cargas familiares y menores ingresos, en lugar de incrementos generalizados que puedan perjudicar la generación de empleo formal. ACODRES Bogotá Región hace un llamado “respetuoso” a fortalecer el diálogo entre Gobierno, empleadores y trabajadores, y a construir soluciones equilibradas que no pongan en riesgo la sostenibilidad empresarial ni el empleo formal.
El país enfrenta ahora un debate de gran calado: cómo armonizar la dignificación del empleo con la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad del tejido productivo, en un contexto donde todavía se desconoce el nuevo decreto que deberá expedir el Gobierno tras la decisión judicial.
