El gremio del sector motriz advierte que el proyecto de decreto del Gobierno podría impactar la demanda, el empleo formal y la recuperación de la industria automotriz. Piden abrir un diálogo técnico para diseñar alternativas que no afecten los precios al consumidor.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo analiza un proyecto de decreto que plantea incrementar los aranceles a la importación de vehículos y motocicletas de combustión interna. La propuesta elevaría los gravámenes al 40% para los vehículos a gasolina y al 35% para los diésel y las motocicletas, como parte de una estrategia para promover tecnologías limpias y reducir las emisiones del parque automotor.
Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre los actores del sector automotor. La Asociación del Sector Motriz y sus Partes (Asopartes) advirtió que una medida de esta magnitud afectaría directamente los precios al consumidor final, reduciendo la demanda y debilitando la recuperación que el mercado viene mostrando en 2025, tras varios años de contracción.
Impacto económico y en la demanda
Según el gremio, un aumento en los aranceles de importación encarecería de manera inmediata los precios de los vehículos y motocicletas nuevos, lo que a su vez reduciría la capacidad adquisitiva de los hogares. Esto no solo frenaría la compra de automotores, sino que también tendría efectos sobre la red de talleres, almacenes y distribuidores que dependen del mantenimiento y comercialización de partes.
Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, señaló que si bien el sector comparte los objetivos de avanzar hacia una movilidad más limpia, “esta transición debe hacerse con gradualidad, criterio técnico y concertación”.
“Un aumento abrupto de aranceles encarece el acceso a los vehículos, afecta los costos operativos del sector formal y pone en riesgo la sostenibilidad de miles de empleos”, enfatizó Pineda.
Un sector clave para la economía
La industria automotriz y de autopartes genera más de 70.000 empleos directos y representa cerca del 2,5% del PIB industrial colombiano, además de dinamizar economías regionales a través de miles de pequeñas y medianas empresas.
Para Asopartes, medidas de este tipo deben analizarse con una visión integral que considere su efecto sobre la competitividad, la formalización y el empleo. “El alza en los aranceles puede terminar impactando la inflación en bienes durables y encareciendo los costos logísticos y de movilidad para los colombianos”, advirtió el gremio.
Llamado al diálogo y propuestas alternativas
Asopartes propuso al Gobierno Nacional abrir espacios de diálogo técnico con los ministerios de Comercio, Hacienda y Transporte para evaluar opciones que incentiven la renovación del parque automotor sin elevar los precios.
Entre las alternativas planteadas están los programas de chatarrización más ágiles, incentivos tributarios a tecnologías limpias, créditos verdes para consumidores y estímulos a la producción local de partes para vehículos eléctricos o híbridos.
“El compromiso con la sostenibilidad es compartido, pero no puede lograrse a costa del empleo formal ni de la movilidad asequible”, añadió Pineda, quien insistió en que el país necesita una política industrial que combine incentivos ambientales con estímulos a la productividad.
Riesgos para la competitividad regional
Analistas del sector advierten que una política arancelaria más restrictiva podría restarle competitividad a Colombia frente a países vecinos, donde los tributos a la importación son menores y los incentivos a la electromovilidad se aplican sin penalizar los vehículos tradicionales.
De concretarse el aumento, el mercado podría enfrentar una reducción en la oferta de modelos, mayor escasez de repuestos importados y un freno en la renovación del parque automotor, lo que afectaría también los ingresos fiscales y la formalidad del sector.
Una transición que exige equilibrio
El debate sobre cómo avanzar hacia una movilidad sostenible sin sacrificar la competitividad ni la estabilidad del sector productivo sigue abierto. Mientras el Gobierno evalúa la viabilidad del decreto, Asopartes reitera su disposición al diálogo y a la construcción de políticas de largo plazo que impulsen la transición energética con criterios técnicos, equidad y responsabilidad económica.
