La viabilidad del sector comercializador y exportador de oro en Colombia, así como los empleos de miles de trabajadores que participan en la cadena de valor de la minería formal, estarían en grave riesgo si se concreta el proyecto de Decreto del Gobierno que propone un incremento de las tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar retención en la fuente en el país.
El Gobierno Nacional ha propuesto que las compras de oro pasen de una tarifa de retención del 1 % al 2,5 %, lo que representa un aumento del 150 %. Además, se plantea una tasa de autorretención para la extracción de oro y otros metales preciosos del 4,5 %, lo que sumaría un total del 7 % por estos dos conceptos.
“Rechazamos este incremento injustificado y desproporcionado, que desconoce la realidad de la actividad comercializadora de oro, poniendo en riesgo la viabilidad de una actividad que, a través de procesos transparentes, genera divisas y facilita la exportación del mineral producido por pequeños mineros, así como por medianas y grandes empresas dedicadas a esta actividad”, expresó César Díaz Guerrero, vocero de las principales comercializadoras internacionales de oro en Colombia.
Este proyecto de Decreto no solo impacta negativamente las finanzas de las empresas mineras formales, sino que también incentivaría la minería ilegal e informal. Las empresas legales se verían obligadas a destinar hasta el 7 % de su caja en retenciones fiscales, lo que representa una carga insostenible para sus finanzas y pone en riesgo la estabilidad de las empresas, favoreciendo la informalidad.
La situación sería aún más crítica al considerar que muchas comercializadoras tendrían que recurrir al sector financiero para mantener sus operaciones. Sin embargo, los márgenes actuales del sector son inferiores al 1,5 %, lo que hace inviable asumir costos financieros adicionales sin comprometer la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Esto podría conducir a un desfinanciamiento inminente de la cadena legal de comercialización del oro.
“Este aumento afectaría a las comercializadoras internacionales que han sido grandes aliadas del Gobierno Nacional en los procesos de formalización y en la mejora de las condiciones de los pequeños mineros. Además, es un sector que genera divisas mediante procesos transparentes, en alianza con entidades financieras. Medidas como esta fomentan aún más la alta informalidad del sector”, destacó Díaz Guerrero.
El impacto también recaería sobre los pequeños y medianos mineros que operan dentro de la legalidad, ya que el modelo de retención propuesto resulta especialmente gravoso. Estos mineros tendrían que asumir tanto una retención al vender a las comercializadoras como una autorretención al momento de facturar, lo que genera un doble gravamen. Esta carga desincentiva el cumplimiento de la normativa y hace económicamente inviable mantenerse dentro del marco legal, favoreciendo así mecanismos informales o clandestinos de comercialización.
Impacto en la inversión y regalías
Las exportaciones de oro, que en 2024 superaron los USD 3.000 millones, son fundamentales para la economía colombiana. Estas exportaciones no solo contribuyen a la generación de empleo, sino que también aportan al desarrollo local y generan importantes ingresos por regalías. Se estima que cerca del 50 % de estas exportaciones se realizan a través de comercializadoras internacionales.
“Los márgenes de operación en el sector son muy bajos; las comercializadoras operan con márgenes cercanos al 1,5 %. Un aumento de la retención al 2,5 % haría inviables muchas operaciones. Esta medida desproporcionada afecta los canales formales de comercialización, lo que repercute negativamente en la economía nacional mediante la disminución de regalías, divisas y otros aportes del oro legal”, subrayó el representante de las comercializadoras internacionales.
Las comercializadoras, que compran a los explotadores mineros autorizados en el RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Minerales) y comercializan el oro en el exterior, enfrentarían condiciones desiguales frente a otros actores del mercado. Estas empresas cumplen un papel crucial en la cadena formal de comercialización del oro en Colombia, habiendo invertido recursos significativos para fortalecer sus sistemas de trazabilidad y garantizar un alto grado de transparencia ante los entes de control.
“Es fundamental que las políticas fiscales no perjudiquen sectores estratégicos para el país. Desde hace años, Colombia ha promovido políticas de formalización, donde las comercializadoras son aliados clave. Medidas de alto impacto como esta atentan contra un sector legalmente constituido, que garantiza regalías, empleos formales, buenas prácticas ambientales y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país”, concluyó Díaz Guerrero.
Ante este panorama, las comercializadoras esperan que el Gobierno Nacional abra espacios de diálogo para conocer y evaluar los elevados impactos que esta medida tendría sobre un sector comprometido con la legalidad y la transparencia.