Colombia cierra 2025 con un sector energético que combina tres décadas de avances con una acumulación de riesgos que comprometen su sostenibilidad. El país pasó de un esquema vulnerable en los años noventa a un modelo reconocido internacionalmente por su cobertura, arquitectura de mercado y disciplina regulatoria. Sin embargo, los análisis recientes de CREE y de expertos del sector advierten que ese capital institucional se ha erosionado, dando lugar a una policrisis de origen fiscal, político y regulatorio.
El primer vector de riesgo es el abastecimiento. La matriz eléctrica, dependiente en un 63% de la hidrología, se ha vuelto altamente sensible a los episodios recurrentes de El Niño. La lenta entrada de nueva generación, los retrasos en transmisión y la fragilidad del sistema en la región Caribe han ampliado la exposición a racionamientos y a la insuficiencia de energía firme. En paralelo, el mercado del gas enfrenta una brecha de contratación que comprometerá la demanda esencial hacia 2026, lo que presiona la necesidad de nuevas inversiones en exploración, transporte e importación.
Al riesgo físico se suma un deterioro financiero sin precedentes. Las deudas acumuladas por subsidios impagos y consumos oficiales en mora han puesto a varias empresas al borde de la iliquidez, afectando la cadena de pagos y la confianza de los inversionistas. Medidas administrativas que obligan a los generadores a continuar el suministro aun sin recibir pago agravan la percepción de riesgo y ponen en entredicho la continuidad de operadores en regiones críticas.
La brecha social persiste como un desafío estructural: más de cuatro millones de colombianos siguen sin acceso a energía. El cierre de esta deuda histórica exige inversiones focalizadas y soluciones híbridas que combinen extensión de redes, microrredes y sistemas aislados, así como un marco tarifario que asegure sostenibilidad y equidad.
En el plano institucional, 2025 cierra con una tensión aguda entre el Ejecutivo y los organismos técnicos. Iniciativas como el Proyecto de Ley 432, que debilitarían la independencia regulatoria y ampliarían la intervención administrativa en precios y tarifas, han sido señaladas como amenazas directas a la competencia, la seguridad jurídica y la señal de largo plazo para la inversión.
La transición energética tampoco avanza al ritmo requerido. Las metas de descarbonización, la electrificación de la demanda y la incorporación masiva de renovables requieren una planificación realista y una expansión acelerada de la red. La evidencia indica que el país necesitará mantener un portafolio diversificado que incluya hidráulicas, térmicas, renovables y combustibles fósiles para atender el crecimiento de la demanda, especialmente ante nuevas cargas intensivas.
Aun así, existen oportunidades. El sector puede generar los recursos necesarios para financiar su propia estabilización mediante una gestión más eficiente de los hidrocarburos, el aprovechamiento responsable del carbón y una reforma gradual del precio del diésel. Estos ingresos permitirían sanear pasivos, cerrar brechas de acceso y financiar la modernización del sistema.
El inicio de 2026 exigirá decisiones firmes: restaurar la confianza regulatoria, asegurar el abastecimiento, estabilizar las finanzas y reorientar la transición energética bajo criterios técnicos. De ello dependerá que el país preserve uno de sus sectores estratégicos y evite retrocesos con alto costo económico y social.
