Colombia entra en 2026 con un sistema energético sometido a una de sus mayores pruebas en décadas. La transición energética avanza, pero lo hace bajo una presión creciente: mayor demanda de electricidad, riesgos climáticos, tensiones financieras y decisiones regulatorias que marcarán el equilibrio entre sostenibilidad y confiabilidad del suministro.
El contexto internacional no es ajeno a esta realidad. De acuerdo con el Statistical Review of World Energy 2025, elaborado por KPMG, el Energy Institute y Kearney, la demanda global de energía creció cerca de 2 % en 2024, mientras que el consumo de electricidad avanza a un ritmo casi doble frente a la energía total. Esta tendencia incrementa la presión sobre redes, sistemas de respaldo y fuentes de energía firme, incluso en países con una alta participación de renovables.
En Colombia, las señales de alerta aparecieron desde comienzos de año. La suspensión de las Transacciones Internacionales de Electricidad con Ecuador, decretada por el Gobierno para priorizar el abastecimiento interno, evidenció la estrechez operativa del Sistema Interconectado Nacional ante escenarios de variabilidad climática. Más que una medida coyuntural, la decisión refleja el enfoque que marcará el 2026: asegurar confiabilidad antes que expansión acelerada sin respaldo suficiente.
En paralelo, el Ejecutivo puso en marcha el primer mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo, habilitando contratos de hasta 15 años que incluyen energías renovables, baterías y productos horarios. Para los analistas del sector, esta señal es clave. “La integración masiva de renovables solo es viable si existe certidumbre contractual, expansión de infraestructura y soluciones de flexibilidad como almacenamiento y gestión horaria”, señalan expertos citados en el informe.
El componente financiero también ocupa un lugar central en la discusión. En el marco de la emergencia económica, el Gobierno introdujo nuevas cargas al sector generador con el objetivo de redistribuir costos y mitigar riesgos sistémicos asociados a la fragilidad de algunos agentes del mercado. Sin embargo, el debate permanece abierto: cómo proteger a los usuarios y garantizar la continuidad del servicio sin erosionar las señales de inversión en un sector altamente intensivo en capital.
A este panorama se suma el desafío del gas natural. Proyecciones del Gestor del Mercado advierten posibles déficits de oferta entre 2026 y 2028, lo que refuerza la dependencia del gas importado como respaldo para la generación térmica. Aunque más costoso, el gas seguirá siendo un combustible de transición indispensable para sostener la confiabilidad del sistema mientras maduran proyectos estructurales de largo plazo.
El balance es claro: 2026 será un año de transición energética bajo presión. El reto para Colombia no es solo incorporar más energías limpias, sino hacerlo sin comprometer la estabilidad del sistema, acelerando inversiones, modernizando redes y fortaleciendo la coordinación público-privada. De lo contrario, advierten los expertos, el país podría enfrentar restricciones operativas y un “racionamiento silencioso” en las zonas con mayores limitaciones de infraestructura.
