El sistema de salud colombiano enfrenta una de sus peores crisis en décadas, con más de 25 millones de ciudadanos afiliados a Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran actualmente intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud o en proceso de liquidación. Esta situación no solo refleja la fragilidad estructural del modelo de aseguramiento vigente, sino que también plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del sistema y la garantía del derecho a la salud para millones de usuarios.
Las EPS bajo intervención o liquidación —entre las que se destacan nombres como Sanitas, Nueva EPS, y otras de gran cobertura nacional— concentran una parte significativa de la población asegurada. La incapacidad de estas entidades para cumplir con sus obligaciones financieras y administrativas ha generado un colapso progresivo en la atención, desde demoras en autorizaciones hasta interrupciones en tratamientos de alto costo, generando angustia entre los pacientes y sobrecarga en los prestadores.
A esto se suma el estancamiento en el flujo de recursos: clínicas y hospitales han denunciado retrasos en los pagos, afectando la operatividad de los servicios médicos y el pago de nóminas. Los gremios del sector salud alertan que de no tomarse medidas urgentes, se podría enfrentar una crisis humanitaria sin precedentes en el país.
Mientras tanto, el gobierno avanza con su propuesta de reforma estructural al sistema de salud, que plantea un modelo más centralizado y con mayor control estatal. Sin embargo, sectores técnicos y académicos advierten que la transición debe realizarse con responsabilidad fiscal y operativa, para evitar que la solución termine agravando el problema.
En medio de este panorama, los ciudadanos se encuentran atrapados en un limbo institucional, con servicios limitados y una creciente desconfianza hacia el sistema. La pregunta clave sigue sin resolverse: ¿cómo garantizar atención médica oportuna y de calidad en un modelo que parece haber agotado sus márgenes de maniobra?