El Gobierno, a través del reciente Decreto 2126 del 12 de diciembre de 2023, ha introducido cambios significativos en las normativas relacionadas con las licencias parentales compartidas. Estas modificaciones responden a las disposiciones legales contenidas en las leyes 2114 y 2174 de 2021, así como a las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022 emitidas por la Corte Constitucional.
El Ministerio de Salud y Protección Social ha jugado un papel crucial al establecer los requisitos para el reconocimiento de prestaciones económicas, destacando nuevas modalidades de licencia de maternidad y paternidad destinadas al cuidado de niños y niñas que enfrentan enfermedades terminales o condiciones médicas graves.
El Decreto 2126 aborda de manera específica los casos en los que un menor de edad requiere cuidado permanente o paliativos para el control del dolor y otros síntomas asociados a su condición. En un paso hacia adelante en el cuidado de la niñez en situaciones críticas, se ha establecido una licencia remunerada para los padres o quienes detenten la custodia o cuidado personal del menor, siempre y cuando sean cotizantes del régimen contributivo. Esta licencia, con una duración de 10 días hábiles al año, se concede cuando el menor enfrenta una enfermedad terminal o un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave.
En lo que respecta a la licencia de maternidad para trabajadoras independientes, se ha establecido que no podrá ser liquidada con un ingreso base de cotización inferior al salario mínimo legal vigente, independientemente del período de cotización.
El decreto también aborda la licencia de paternidad, la cual deberá ser disfrutada durante los 30 días siguientes al nacimiento del menor o a la entrega oficial en casos de adopción. Además, reconoce licencias derivadas de situaciones como aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo, parto prematuro no viable, entre otras, ofreciendo un marco más completo para las situaciones diversas que pueden surgir durante la gestación.
Este conjunto de regulaciones demuestra un compromiso decidido del Gobierno en el reconocimiento de las necesidades específicas de las familias en circunstancias extraordinarias. Al incorporar las lecciones aprendidas de las legislaciones previas y las decisiones judiciales relevantes, estas normativas buscan equilibrar las responsabilidades familiares con las realidades del entorno laboral. En definitiva, se trata de un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y compasiva, donde el bienestar de los niños y niñas en situaciones difíciles es una prioridad.